Venezuela 2026: Claves de la nueva gramática del poder y

La reciente intervención estadounidense en Venezuela, que culminó con la detención de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, marca un punto de inflexión en la geopolítica global. Esta operación, ocurrida recientemente y detallada en una alocución explicativa de Trump desde Mar-a-Lago, se distancia de analogías históricas como Panamá o Irak, revelando una transformación profunda en cómo se ejerce el poder a nivel internacional. Washington ha enmarcado su acción no como una restauración democrática o una respuesta a un fraude electoral, sino explícitamente como la ejecución de una decisión de la justicia penal estadounidense, basada en un indictment vigente desde 2020. Las acusaciones de narcoterrorismo, importación de cocaína y posesión de armas automáticas contra Maduro y Flores, tratados como prófugos de la justicia, redefinen las reglas del juego y el lenguaje con el que se justifican las intervenciones en el siglo XXI.

La Nueva Gramática del Poder: Un Paradigma Cambiante

La intervención de Estados Unidos en Venezuela no encaja en los moldes tradicionales de las acciones geopolíticas pasadas. No es comparable a la invasión de Panamá en 1989, cuando Washington actuó como un hegemón indiscutido en un sistema de «pax americana». Tampoco se asemeja a la limitada intervención en Granada en 1983, en pleno contexto de la Guerra Fría, ni siquiera a la fallida pretensión de Irak de rehacer un país invocando un orden liberal universal. Lo que se ha manifestado en Venezuela es un fenómeno de un tiempo distinto, que requiere nuevas categorías de análisis para evitar errores de diagnóstico y pronóstico.

El núcleo de este cambio reside en una «nueva gramática del poder», una redefinición de quién toma las decisiones, con qué lenguaje se justifican las acciones y qué normas se consideran operativas. Ya no estamos ante un sistema internacional de reglas compartidas y mecanismos de arbitraje aceptados, aunque no siempre seguidos. La apelación al orden jurídico internacional ha dejado de ser un referente último para transformarse en una herramienta de combate político, esgrimida para legitimar posiciones en lugar de someterse a un veredicto compartido.

Los esfuerzos pasados de Washington por obtener resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, como en Irak o Bosnia, pertenecen a una era que ha quedado atrás. La comunidad internacional, tal como la conocíamos, con sus instituciones y protocolos, parece estar cediendo terreno ante un enfoque más pragmático y unilateral, donde la justificación se extrae de marcos legales internos o de interpretaciones específicas de la soberanía y la seguridad nacional. Este giro es crucial para entender no solo la operación en Venezuela, sino también posibles acciones futuras en un escenario global cada vez más fragmentado.

Este cambio de paradigma sugiere que las potencias globales están reevaluando la eficacia y la viabilidad de los marcos multilaterales. La diplomacia y el derecho internacional, aunque no desaparecen, ven alterado su rol, pasando de ser pilares inquebrantables a herramientas tácticas en un ajedrez global más complejo. La implicación es que la fuerza, o la amenaza de su uso, combinada con justificaciones legales domésticas, podría convertirse en la nueva norma para la resolución de conflictos o la alteración de regímenes considerados problemáticos.

• El fin de la «pax americana» tradicional.
• La obsolescencia de analogías históricas para entender el presente.
• El derecho internacional como «lenguaje de combate político».
• El declive de la relevancia de las resoluciones del Consejo de Seguridad.

El Declive Interno de Venezuela: Semilla del Cambio

Lo que singulariza el caso venezolano, más allá del contexto internacional, es el profundo deterioro interno que precedió a la intervención. No se trataba de un régimen recién consolidado ni de una estructura estatal plenamente asentada que, a pesar de cierta contestación, continuara cumpliendo sus misiones esenciales de servicios públicos e interés nacional. Por el contrario, el gobierno de Nicolás Maduro había dilapidado por completo su capital social y político, sumiendo al país en una crisis humanitaria y económica sin precedentes.

Esta erosión del poder se manifestó de manera contundente en las últimas elecciones, donde la oposición democrática, liderada de facto por María Corina Machado, obtuvo una victoria abrumadora, ampliamente reconocida tanto dentro como fuera del país. Este triunfo electoral generó un desgaste acelerado del poder del régimen chavista y una expectativa palpable y transversal de cambio en la sociedad venezolana. La legitimidad interna del gobierno estaba en su punto más bajo, haciendo que cualquier acción externa encontrara un terreno fértil de descontento.

Las primeras informaciones y vídeos informales que surgieron de Venezuela tras conocerse la detención de Maduro y su esposa reflejaron este trasfondo de agotamiento. Las calles bullían con un rumor de alivio, incredulidad y una sensación generalizada de final de ciclo. La gente expresaba una mezcla de emociones que iban desde la esperanza hasta la cautela, sabiendo que, a pesar de la detención, el desenlace de la crisis venezolana seguía y sigue abierto, con complejidades que las declaraciones de líderes como Trump solo empezaban a desvelar.

La incapacidad del gobierno venezolano para proveer servicios básicos, garantizar la seguridad o mantener una economía funcional había provocado un éxodo masivo de ciudadanos y una polarización extrema. Este escenario de colapso institucional y social interno fue un factor determinante que, aunque no fue la razón declarada de la intervención estadounidense, sí creó el ambiente propicio para que una acción de esta magnitud pudiera ser percibida, al menos por una parte de la población, como una liberación o el inicio de una nueva etapa. La deslegitimación interna del régimen de Maduro es un componente ineludible para comprender la totalidad de los eventos.

• Colapso de servicios públicos y economía venezolana.
• Victoria electoral abrumadora de la oposición democrática.
• Liderazgo de María Corina Machado en el contexto opositor.
• Reacción de alivio e incredulidad de la población tras la detención.

Washington: Estrategia de Justicia Penal sobre Intervención Política

Uno de los aspectos más decisivos y novedosos de la operación estadounidense en Venezuela es la cuidadosa forma en que Washington evitó transitar por cualquier razonamiento político tradicional. La actuación no fue argumentada como un intento de restaurar la democracia, ni se describió como una medida para corregir un fraude electoral, ni siquiera como una respuesta a la quiebra del orden constitucional venezolano. El encuadre elegido fue radicalmente diferente, marcando una posible nueva pauta en las relaciones internacionales.

La operación se definió explícitamente en rigurosos términos de ejecución de una decisión de la justicia penal estadounidense. Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, no fueron tratados en calidad de autoridades en ejercicio de un gobierno soberano, sino como prófugos acusados de delitos federales. Esta clasificación se basó en un indictment (acusación penal formal) vigente desde 2020, que fue completado con referencias a conspiración narcoterrorista, importación de cocaína y posesión de armas automáticas. El concepto de narcoterrorismo fue central en esta justificación, vinculando la acción a la seguridad nacional de EE. UU. a través de la lucha contra el crimen organizado transnacional.

Más aún, la acción militar desplegada no fue presentada como una invasión o una intervención armada con objetivos políticos amplios. En el relato oficial, pasó a ser un dispositivo logístico y de seguridad destinado a garantizar la captura de la pareja presidencial venezolana y la seguridad de quienes participaban en la operación. El protagonismo de esta narrativa no recayó en el Congreso de Estados Unidos ni en un debate político sobre la soberanía o la autodeterminación, sino en el Departamento de Justicia y sus agencias de aplicación de la ley, legitimando la acción a través de un marco puramente judicial.

Esta estrategia de «judicialización» de la política exterior tiene profundas implicaciones. Permite a una nación actuar sobre figuras de otros países bajo la premisa de la jurisdicción extraterritorial de sus propias leyes, eludiendo así los complejos debates sobre la soberanía nacional y la no injerencia que suelen acompañar a las intervenciones militares. Al convertir a un jefe de Estado en un criminal común buscado por la justicia, se altera fundamentalmente el lenguaje y la percepción de una acción que, en otro contexto, sería vista como una agresión directa a un Estado soberano.

• Evitación deliberada de justificaciones políticas o democráticas.
• Enfoque exclusivo en la ejecución de decisiones de la justicia penal.
• Maduro y Flores tratados como prófugos, no como líderes de Estado.
• Acusaciones de narcoterrorismo, importación de cocaína y armas automáticas.
• Acción militar justificada como dispositivo de captura y seguridad.

Implicaciones Globales y el Futuro del Derecho Internacional

La operación en Venezuela, con su novedosa justificación legal, proyecta una sombra larga sobre el futuro de las relaciones internacionales y el derecho que las rige. Si la apelación al orden jurídico internacional se ha transformado en un mero «lenguaje de combate político», es decir, una herramienta retórica para legitimar acciones en lugar de un marco regulatorio vinculante, entonces el sistema global de gobernanza que conocemos se enfrenta a una crisis existencial. La capacidad de los Estados para invocar sus propias leyes internas para actuar en territorios extranjeros, especialmente contra líderes de otras naciones, podría sentar un precedente peligroso.

Este enfoque plantea interrogantes fundamentales sobre la soberanía estatal, uno de los principios cardinales del derecho internacional desde la Paz de Westfalia. Si un Estado puede ser intervenido y sus líderes detenidos basándose en acusaciones penales de otro país, se abre una puerta a la desestabilización y a la arbitrariedad en las relaciones interestatales. La línea entre la aplicación de la ley y la intervención política se vuelve peligrosamente difusa, y el riesgo de que esta «nueva normalidad» sea adoptada por otras potencias con sus propias agendas es considerable.

La comunidad internacional, y en particular las organizaciones multilaterales como las Naciones Unidas, se enfrentan al desafío de adaptarse a esta realidad cambiante. ¿Cómo responderán a un escenario donde las decisiones judiciales nacionales tienen un peso tan significativo en la arena global? La credibilidad de los mecanismos de resolución pacífica de controversias y la validez de los tratados internacionales podrían verse comprometidas si este modelo de acción unilateral, justificado legalmente, se consolida como una práctica aceptada. La Carta de las Naciones Unidas, que prohíbe la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, se ve desafiada por esta interpretación.

En última instancia, la «nueva gramática del poder» sugiere que estamos entrando en una era donde la fuerza y la ley doméstica se entrelazan de maneras complejas para redefinir la influencia global. Los países más débiles o aquellos con regímenes considerados adversos podrían encontrarse en una posición de vulnerabilidad sin precedentes, sujetos a la aplicación extraterritorial de leyes ajenas. Este escenario exige una reevaluación urgente de los principios que rigen la interacción entre Estados y una reflexión profunda sobre cómo preservar un mínimo de orden y previsibilidad en un mundo cada vez más desregulado.

• Desafío a los principios de soberanía estatal y no injerencia.
• Riesgo de desestabilización y arbitrariedad en relaciones internacionales.
• Erosión de la credibilidad de las organizaciones multilaterales.
• Posible adopción de este modelo por otras potencias.
• Necesidad de reevaluar el futuro del derecho internacional y la gobernanza global.

Preguntas Frecuentes

Conclusión

La intervención estadounidense en Venezuela y la detención de Nicolás Maduro y Cilia Flores representan un hito que va más allá de un evento político o militar aislado. Es la manifestación palpable de una «nueva gramática del poder» en el escenario global, donde las justificaciones tradicionales de intervención se han transformado. Washington ha optado por un encuadre de justicia penal doméstica, eludiendo los complejos debates sobre soberanía y democracia, para actuar sobre un régimen ya debilitado internamente y sin apoyo social.

Este cambio de paradigma tiene implicaciones profundas. Sugiere que el derecho internacional, tal como lo conocíamos, está siendo reconfigurado, pasando de ser un referente último a una herramienta de legitimación de posiciones políticas. La soberanía estatal, pilar fundamental de las relaciones internacionales, se ve desafiada por la aplicación extraterritorial de leyes nacionales, abriendo la puerta a un futuro incierto donde la fuerza y la legalidad interna se entrelazan de maneras inéditas. La comunidad internacional se enfrenta ahora al reto de comprender y, si es posible, regular esta nueva normalidad para evitar un escenario de mayor inestabilidad global.

Palabras clave: Venezuela, nueva gramática del poder, intervención estadounidense, Nicolás Maduro, justicia penal internacional, geopolítica, María Corina Machado, narcoterrorismo