Zonas de Bajas Emisiones España: Balance y Futuro 2025

El año 2025 concluye con un panorama de avance moderado para las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en España, una iniciativa crucial para la sostenibilidad urbana y la mejora de la calidad del aire. Según los datos proporcionados por el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco), un total de 58 ZBE se encuentran vigentes, mientras que 91 están en fase de tramitación y otras 20 aún esperan su inicio. Este balance refleja una progresión lenta, con un incremento marginal en el porcentaje de municipios cumplidores, pasando de un 32,5% en julio a un 34,3% en diciembre. Esta situación subraya la persistencia de desafíos significativos en la implementación efectiva de estas medidas ambientales, que buscan restringir el tráfico de los vehículos más contaminantes en las ciudades con el fin de mitigar la polución atmosférica.

El Lento Avance de las Zonas de Bajas Emisiones en España a Finales de 2025

El cierre del año 2025 ha puesto de manifiesto la disparidad en la implementación de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) a lo largo del territorio español. Con 58 zonas ya operativas, el país avanza, aunque a un ritmo pausado, hacia el cumplimiento de sus compromisos medioambientales. La urgencia de estas medidas se sustenta en la necesidad de combatir la contaminación atmosférica en áreas urbanas densamente pobladas, un problema de salud pública y ambiental que afecta a millones de ciudadanos. La normativa que rige estas zonas, establecida por la Ley de Cambio Climático y Transición Energética de 2021 y detallada en un real decreto de 2022, busca limitar la circulación de los vehículos más contaminantes en municipios con más de 50.000 habitantes, aquellos con más de 20.000 que excedan los valores límite de contaminación, y en todos los territorios insulares. Este marco legal es fundamental para asegurar un aire más limpio y promover la movilidad sostenible.

A pesar de la claridad de la legislación, el progreso ha sido notoriamente lento. La ley original fijaba el 1 de enero de 2023 como fecha límite para la implantación de estas zonas. Sin embargo, los retrasos han sido una constante, llevando al Gobierno a conceder nuevos plazos que se extienden hasta finales de 2026. Esta prórroga busca dar un respiro a los municipios que han encontrado dificultades en la adaptación y puesta en marcha de las ZBE, ya sea por cuestiones técnicas, presupuestarias o de consenso político. La complejidad de definir los límites, los criterios de acceso y los sistemas de control y sanción para cada ZBE ha contribuido a esta demora generalizada.

El balance del Miteco, que reporta un incremento mínimo en el porcentaje de municipios cumplidores (de 32,5% a 34,3% en los últimos meses de 2025), evidencia que la aceleración esperada no se ha materializado. Esta situación genera incertidumbre sobre la capacidad real de España para alcanzar sus objetivos de calidad del aire en los plazos establecidos. La implantación de una ZBE no es solo una cuestión de señalización, sino que implica una transformación profunda en la gestión del tráfico, la infraestructura urbana y, en última instancia, en los hábitos de movilidad de los ciudadanos. La falta de un avance significativo plantea interrogantes sobre la eficacia de las políticas de apoyo y la coordinación entre las distintas administraciones implicadas.

La adaptación a la normativa de ZBE no es un proceso uniforme. Cada ayuntamiento tiene la potestad y la responsabilidad de diseñar su propia ZBE, estableciendo criterios de acceso y un régimen sancionador específico. Esta autonomía, si bien permite una adaptación a las particularidades locales, también puede generar un mosaico de regulaciones diversas que, en ocasiones, dificulta la comprensión por parte de los conductores y puede dar lugar a incoherencias a nivel nacional. La variabilidad en la interpretación y aplicación de la ley es uno de los factores que, sin duda, contribuye a la lentitud en la expansión de estas zonas.

• 58 ZBE vigentes en España a finales de 2025.
• 91 ZBE en trámite y 20 pendientes de tramitar.
• Aumento marginal del 32,5% al 34,3% en municipios cumplidores.
• Plazo inicial: 1 de enero de 2023, extendido hasta finales de 2026.
• Reguladas por la Ley de Cambio Climático de 2021 y un real decreto de 2022.

Retrasos y Desafíos en la Implementación Municipal de las ZBE

La heterogeneidad en la aplicación de las Zonas de Bajas Emisiones se manifiesta en las recientes noticias provenientes de distintos municipios españoles. Mientras algunas ciudades avanzan, otras encuentran obstáculos o deciden flexibilizar las normativas. Por ejemplo, en Pamplona, la ZBE para su casco antiguo entró en vigor este lunes, marcando un paso adelante en la restricción del tráfico contaminante en una zona histórica y de gran afluencia. Esta acción contrasta con situaciones como la de Sevilla, donde la semana pasada se aprobó un presupuesto que introduce una mayor flexibilidad en las sanciones, lo que podría interpretarse como una suavización en la aplicación de la normativa, buscando un equilibrio entre la mejora ambiental y las posibles afectaciones a los ciudadanos y el comercio local. La diversidad de enfoques subraya la complejidad de implementar una política nacional con realidades urbanas tan distintas.

La resistencia y la controversia no son ajenas a este proceso. En Valencia, por ejemplo, se rechazó implantar la ZBE conforme a la normativa estatal, reflejando tensiones entre las directrices nacionales y las decisiones municipales. Esta situación pone de manifiesto el debate político y social que rodea a estas medidas, a menudo percibidas como restrictivas por ciertos sectores de la población o por partidos políticos. Otros casos incluyen la decisión de Torrelavega (Cantabria) de suspender temporalmente las restricciones a los vehículos durante las fiestas navideñas, una medida que, si bien busca facilitar la movilidad y el consumo en periodos festivos, puede diluir el impacto ambiental de las ZBE. En contraste, Vitoria, con un enfoque más estricto, comenzó a multar a los infractores el 15 de diciembre, demostrando una firmeza en la aplicación de la normativa.

La lentitud en la implementación ha llamado la atención de organismos como el Defensor del Pueblo. El pasado marzo, esta institución reveló haber enviado 33 recomendaciones a otros tantos municipios para que subsanaran sus demoras en la adaptación a la normativa de las ZBE. Nueve meses después, la persistencia de algunos de estos retrasos es preocupante. Ocho de los municipios señalados por el Defensor del Pueblo todavía figuran en la lista de «pendientes» del Miteco: Arganda del Rey (Madrid), Arona (Santa Cruz de Tenerife), El Puerto de Santa María (Cádiz), Ferrol (A Coruña), Orihuela (Alicante), Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), Telde (Las Palmas) y Valdemoro (Madrid). Esta situación subraya la necesidad de una mayor coordinación y apoyo técnico y financiero para que estas localidades puedan cumplir con sus obligaciones legales y ambientales.

La lista de zonas pendientes no se limita a estos municipios. Se completa con Adeje (Santa Cruz de Tenerife) y un conjunto significativo de territorios insulares: El Hierro, Formentera, Fuerteventura, Gran Canaria, Ibiza, La Gomera, La Palma, Lanzarote, Mallorca, Menorca y Tenerife. La inclusión de estas islas en la categoría de pendientes resalta la particularidad de su situación, que abordaremos en detalle en la siguiente sección. Cada uno de estos casos refleja los desafíos inherentes a la transformación de la movilidad urbana, que van desde la planificación técnica y la inversión en infraestructura hasta la gestión del consenso social y político. La aplicación de las ZBE es, en esencia, un proceso de cambio complejo que requiere voluntad política, recursos y una comunicación efectiva con la ciudadanía.

• Pamplona implementa ZBE en casco antiguo.
• Sevilla flexibiliza sanciones, Valencia rechaza normativa estatal.
• Torrelavega suspende restricciones navideñas, Vitoria inicia multas.
• 8 municipios persisten como «pendientes» tras recomendaciones del Defensor del Pueblo.
• La lista de pendientes incluye Adeje y múltiples territorios insulares.

La Complejidad de las ZBE Insulares y los Obstáculos Legales

La implementación de las Zonas de Bajas Emisiones en España no solo se enfrenta a la diversidad de criterios municipales y a los retrasos administrativos, sino también a un panorama legal complejo y a particularidades geográficas, especialmente en los territorios insulares. Las ZBE aprobadas hasta la fecha han sido objeto de múltiples recursos judiciales, con resultados variados que reflejan la interpretación y aplicación diversa de la normativa. Un ejemplo reciente es la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que hace apenas dos semanas rechazó suspender cautelarmente la implantación de la ZBE de Granada, a pesar de la petición de otro municipio, Gójar. Este tipo de sentencias son cruciales, ya que sientan precedentes y ofrecen una mayor seguridad jurídica a los ayuntamientos que buscan implementar estas medidas, a la vez que confirman la validez y necesidad de estas políticas ambientales.

El grueso de la lista de ZBE pendientes lo conforman, precisamente, los territorios insulares. Aunque algunas de sus ciudades ya han avanzado, como Palma (en la relación de municipios cumplidores) o Ibiza y Santa Cruz de Tenerife (en trámite), las islas presentan un desafío adicional. Son consideradas territorios frágiles, y su tamaño las hace particularmente vulnerables a la contaminación generada por los vehículos. Esta vulnerabilidad exige un enfoque coordinado y específico, que va más allá de la mera replicación de modelos aplicados en la península. La gestión de la movilidad y la calidad del aire en un ecosistema insular requiere una planificación integral que contemple sus limitaciones y particularidades únicas.

El real decreto de 2022 que regula las ZBE establece explícitamente que «el establecimiento de ZBE en los territorios insulares se realizará de manera coordinada entre las entidades locales y el órgano autonómico competente en materia de protección del medio ambiente». Esta exigencia de coordinación es una de las principales fuentes de complejidad. Alcanzar acuerdos entre múltiples ayuntamientos de una misma isla, junto con la administración autonómica, implica un proceso largo y a menudo intrincado. Requiere alinear intereses, recursos y visiones a largo plazo, lo que ralentiza significativamente la puesta en marcha de estas zonas. La dificultad radica no solo en la voluntad política, sino también en la capacidad técnica y administrativa para desarrollar planes conjuntos que sean efectivos y equitativos para todos los municipios implicados.

Los obstáculos no son meramente burocráticos. La idiosincrasia de la movilidad insular, a menudo dependiente del vehículo privado y con una oferta limitada de transporte público en algunas zonas, añade otra capa de dificultad. Implementar restricciones sin ofrecer alternativas viables puede generar un fuerte rechazo social. Por ello, la planificación de ZBE en las islas debe ir acompañada de un fortalecimiento de las infraestructuras de transporte público, la promoción de la movilidad activa y el fomento de vehículos menos contaminantes. Solo así se podrá garantizar que las ZBE cumplan su objetivo sin penalizar de manera desproporcionada a los residentes o a la actividad económica local. La experiencia de las ZBE insulares podría servir como modelo para otras regiones con características geográficas o demográficas específicas, destacando la importancia de la adaptación y la colaboración interinstitucional.

• Recursos judiciales contra ZBE con resultados dispares (ej. Granada).
• Territorios insulares forman el grueso de las ZBE pendientes.
• Islas consideradas frágiles y vulnerables a la contaminación vehicular.
• Exigencia de coordinación entre entidades locales y órgano autonómico.
• Complejidad en alcanzar acuerdos y ofrecer alternativas de movilidad.

Distintivos Ambientales de la DGT: Clave y Controversia en el Acceso a las ZBE

El sistema de distintivos ambientales de la Dirección General de Tráfico (DGT) se ha consolidado como la herramienta fundamental para clasificar los vehículos en función de su impacto medioambiental y, por ende, para regular su acceso a las Zonas de Bajas Emisiones. Estas etiquetas, visibles en los parabrisas de los vehículos, permiten a las autoridades municipales identificar rápidamente cuáles cumplen con los criterios de acceso establecidos para cada ZBE. La correcta aplicación y comprensión de este sistema son esenciales para el buen funcionamiento de las restricciones de tráfico y para que los ciudadanos puedan adaptarse a las nuevas normativas. Sin embargo, el sistema no está exento de controversia y ha sido objeto de debate sobre su precisión y equidad, especialmente en lo que respecta a la clasificación de ciertos vehículos.

Actualmente, existen cuatro categorías principales de distintivos ambientales en vigor. La etiqueta 0 Emisiones, de color azul, está destinada principalmente a los vehículos eléctricos de batería, eléctricos de autonomía extendida, híbridos enchufables con una autonomía mínima de 40 km, y vehículos de pila de combustible. La etiqueta ECO, de color azul y verde, incluye a los híbridos no enchufables, los híbridos enchufables con menos de 40 km de autonomía eléctrica, vehículos propulsados por gas natural (GNC y GNL) o gas licuado del petróleo (GLP). Por su parte, la etiqueta C, de color verde, se aplica a turismos de gasolina matriculados a partir de enero de 2006 y diésel a partir de septiembre de 2015. Finalmente, la etiqueta B, de color amarillo, corresponde a turismos de gasolina matriculados desde enero de 2001 y diésel desde enero de 2006. Cada categoría representa un nivel diferente de emisiones, siendo la 0 la más limpia.

Uno de los puntos más controvertidos del sistema de distintivos es que la clasificación no se basa exclusivamente en las emisiones de monóxido de carbono (CO) o dióxido de carbono (CO2), sino en un conjunto de estándares de emisiones y normativas europeas (Euro). Esto ha llevado a situaciones paradójicas donde, en algunos casos, un vehículo con etiqueta C podría emitir menos contaminantes reales que un vehículo con etiqueta ECO, dependiendo de su antigüedad, tecnología y tipo de combustible. Esta inconsistencia genera confusión entre los conductores y ha sido motivo de críticas por parte de expertos y asociaciones de automovilistas, quienes argumentan que el sistema no refleja con total precisión el impacto ambiental real de cada vehículo y que podría necesitar una revisión para ser más justo y eficaz.

La necesidad de una actualización del sistema de etiquetas ha sido reconocida incluso a nivel legislativo. La Ley de Movilidad Sostenible, aprobada el pasado otoño, instaba a la DGT a modificar los distintivos ambientales con el objetivo de mejorar su precisión y adaptarlos a las últimas tecnologías y datos de emisiones. No obstante, en un giro inesperado, los grupos parlamentarios PP, Vox y Junts consiguieron la eliminación de esta disposición durante el proceso legislativo, frenando así la esperada revisión. Esta decisión ha generado preocupación entre los defensores del medio ambiente y los expertos en movilidad, quienes consideran que una actualización es crucial para que el sistema de etiquetas cumpla su función de manera óptima y contribuya eficazmente a la reducción de la contaminación en las ZBE. La falta de una revisión podría perpetuar las inconsistencias existentes y dificultar la adaptación a futuras normativas europeas más exigentes.

• Distintivos DGT clasifican vehículos por impacto medioambiental.
• Categorías: 0 Emisiones (azul), ECO (azul y verde), C (verde), B (amarillo).
• Clasificación no basada exclusivamente en emisiones de CO/CO2.
• Controversia sobre si un vehículo C puede contaminar menos que un ECO.
• Ley de Movilidad Sostenible instaba a la DGT a modificar etiquetas, pero la disposición fue eliminada.

Preguntas Frecuentes

Conclusión

El balance de las Zonas de Bajas Emisiones en España a finales de 2025 revela un panorama de progreso desigual y desafíos persistentes. Aunque el número de ZBE vigentes asciende a 58, la lentitud en la tramitación y la elevada cifra de zonas pendientes, especialmente en los territorios insulares, subrayan la complejidad de transformar la movilidad urbana y cumplir con los objetivos de calidad del aire. La diversidad de enfoques municipales, los obstáculos legales y la controversia en torno a los distintivos ambientales de la DGT son factores que contribuyen a este ritmo pausado. Para avanzar de manera más efectiva, será crucial fortalecer la coordinación interadministrativa, ofrecer apoyo técnico y financiero a los municipios rezagados, y revisar los sistemas de clasificación vehicular para asegurar su equidad y precisión. La meta de reducir la contaminación y mejorar la salud pública en las ciudades españolas exige un compromiso renovado y acciones más decididas en los próximos años, aprovechando los plazos extendidos hasta finales de 2026 para consolidar una red de ZBE robusta y eficaz.

Palabras clave: Zonas Bajas Emisiones, ZBE España, Contaminación urbana, Movilidad sostenible, Distintivos DGT