Sánchez 2026: Viacrucis judicial por diez causas penales

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se enfrenta en 2026 a un complejo y prolongado calvario judicial que amenaza con repercutir significativamente no solo en su figura política, sino también en su círculo más cercano, incluyendo a su familia, la estructura de su partido, el PSOE, y la estabilidad de su administración. Una decena de causas penales, que abarcan desde investigaciones incipientes con un alcance aún desconocido hasta procesos ya muy avanzados con juicios inminentes, configurarán un escenario de incertidumbre legal y política a lo largo del año. Este «viacrucis» judicial, con sus diversos ritmos y frentes abiertos en tribunales como el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional, promete ser un periodo de intensa presión y escrutinio público, extendiéndose previsiblemente más allá del año que comienza.

El Caso Koldo: El Primer Gran Juicio en el Tribunal Supremo

El Tribunal Supremo se prepara para acoger uno de los juicios más esperados y con mayor impacto político del año: la causa especial 20775/2020, que investiga la trama criminal detectada inicialmente en la compra de mascarillas durante la pandemia. La detención de Koldo García, figura clave y exasesor del entonces ministro José Luis Ábalos, en febrero de 2024, fue el detonante que reveló la magnitud de una red de corrupción que salpicaría a importantes cargos. La inminencia de esta vista oral, prevista para los meses de febrero o marzo de 2026, eleva la tensión en el ámbito político y judicial, marcando el inicio formal del «viacrucis» del presidente.

José Luis Ábalos, exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE, se encuentra en prisión provisional y afronta una contundente petición de la Fiscalía Anticorrupción de 24 años de prisión. Los delitos imputados son de gran calado: pertenencia a organización criminal, cohecho, malversación, información privilegiada y dos delitos de tráfico de influencias. Estas acusaciones reflejan sus presuntos manejos en la adquisición de material sanitario, sus favores al empresario Víctor de Aldama y su supuesta generosidad con allegadas, a quienes habría facilitado pisos y puestos en empresas públicas. La gravedad de los cargos y la implicación de un exministro otorgan a este juicio una relevancia excepcional.

Koldo García, la figura central en el origen de las investigaciones, enfrenta una petición de 19 años de cárcel por su papel fundamental en la trama. Se le considera el cerebro operativo de la red, facilitando contactos y operaciones irregulares. Por su parte, Víctor de Aldama, empresario implicado en la trama y beneficiario de los favores, se enfrenta a siete años de prisión. En su caso, la petición es menor debido a la atenuante de colaboración con la justicia, un factor que podría ser crucial para el desarrollo de la investigación y la revelación de más detalles sobre la operativa de la organización criminal. La complejidad de la trama y la diversidad de los implicados auguran un juicio largo y mediático.

La investigación del Tribunal Supremo ha seguido un camino meticuloso, desgranando cada uno de los movimientos y transacciones que se realizaron en el marco de la compra de mascarillas. La Sala Penal ha evaluado pruebas documentales, escuchas telefónicas y testimonios que han permitido a la Fiscalía construir un caso sólido contra los acusados. Este juicio no solo busca esclarecer la verdad de los hechos, sino también enviar un mensaje claro sobre la lucha contra la corrupción, independientemente del rango de los implicados. La expectación es máxima, ya que sus resultados podrían tener profundas implicaciones políticas y sociales.

• Fechas clave: Juicio previsto para febrero o marzo de 2026.
• Principales acusados: José Luis Ábalos, Koldo García, Víctor de Aldama.
• Delitos imputados a Ábalos: Pertenencia a organización criminal, cohecho, malversación, información privilegiada, tráfico de influencias.
• Peticiones de prisión: 24 años para Ábalos, 19 para Koldo, 7 para Aldama.
• Origen: Trama de compra de mascarillas durante la pandemia.

Ramificaciones del Caso Koldo: Obra Pública y la Sombra de Santos Cerdán

Más allá del bloque principal del caso Koldo, el magistrado Leopoldo Puente del Tribunal Supremo ha optado por abrir una pieza separada (Diligencias, pieza separada II) para investigar otra rama crucial: el presunto amaño de contratos de obra pública. Esta estrategia procesal permite que la investigación de nuevos hilos no retrase el enjuiciamiento de la parte principal, pero mantiene viva una línea de investigación que podría ser igualmente explosiva. El origen de esta nueva vertiente reside en las confesiones y pistas dejadas por Víctor de Aldama, quien apuntó hacia irregularidades en licitaciones públicas.

La implicación de Santos Cerdán, sucesor de Ábalos al frente de la secretaría de Organización del PSOE, ha sido un elemento que ha generado una considerable controversia política. La afirmación inicial del presidente Sánchez de que se trataba de una «menuda inventada» ha ido perdiendo fuerza a medida que la investigación avanza. Hoy, el instructor del Supremo indaga activamente una lista de licitaciones relacionadas con el periodo en que Cerdán ocupó dicho cargo, buscando posibles conexiones entre la trama de las mascarillas y el amaño de contratos de infraestructura, lo que abriría un nuevo frente de investigación en el corazón del partido.

Esta rama de la investigación no solo involucra a Cerdán, sino que también tiene bajo el foco a varios empresarios y directivos de Acciona, una de las mayores constructoras de España. La complejidad de los contratos de obra pública y la cantidad de actores implicados hacen que esta pieza separada sea particularmente intrincada. La investigación está actualmente pendiente de informes clave que prometen ser determinantes: los de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y los de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE). Estos informes técnicos son cruciales para desentrañar la presunta red de influencias y corrupción en la adjudicación de contratos.

La expectativa sobre los resultados de estos informes es alta. La UCO, especializada en la investigación de delitos económicos y financieros, y la IGAE, encargada de fiscalizar las cuentas públicas, tienen la misión de arrojar luz sobre las posibles irregularidades en los procesos de licitación. Si se confirman las sospechas de amaño, las consecuencias podrían ser devastadoras para los implicados y para la imagen de las instituciones públicas y del partido en el poder. La interconexión de estas tramas subraya la profundidad de la red de corrupción que la justicia española intenta desmantelar.

• Objeto de la investigación: Amaño de contratos de obra pública.
• Implicado clave: Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE.
• Otras partes implicadas: Varios empresarios y directivos de Acciona.
• Informes pendientes: UCO e IGAE, cruciales para el avance del caso.
• Origen: Nuevas pistas surgidas de la investigación original del Caso Koldo.

La Audiencia Nacional Profundiza en la Trama Koldo: Baleares y Canarias bajo Escutinio

Aunque el Tribunal Supremo ha asumido la competencia de la parte del caso Koldo que afecta a José Luis Ábalos por su condición de aforado, el Juzgado Central de Instrucción 2 de la Audiencia Nacional, dirigido por el juez Ismael Moreno, sigue siendo el epicentro de la investigación de la mayoría de los implicados. Las diligencias previas 65/2023 continúan su curso, abarcando a todos aquellos partícipes en las operaciones presuntamente delictivas que no gozan de aforamiento. Esta división de competencias subraya la complejidad de la trama y la necesidad de una coordinación entre diferentes instancias judiciales.

La investigación en la Audiencia Nacional se centra en una amplia gama de actores. Entre ellos se encuentran los relacionados con Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, la compañía que vendió millones de mascarillas al Ministerio de Transportes en condiciones cuestionadas. Además, la investigación abarca a otros implicados en la rama de la obra pública, como la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, y el exdirector de Carreteras, Javier Herrero. La Audiencia Nacional es el tribunal especializado en delitos de especial gravedad, como el crimen organizado y la corrupción a gran escala, lo que indica la seriedad de los cargos que se investigan.

Una de las expansiones más significativas de la investigación es su extensión a los negocios y contratos relacionados con la trama en las comunidades autónomas de Baleares y Canarias. Esta ampliación mantiene la incertidumbre sobre la posible implicación de los expresidentes autonómicos Francina Armengol (Baleares) y Ángel Víctor Torres (Canarias). Ambos líderes socialistas ocupaban sus cargos durante el periodo en que se realizaron algunas de las operaciones bajo sospecha, lo que ha generado un intenso debate político y mediático sobre su conocimiento o posible participación en las irregularidades. La investigación busca determinar si las compras de material sanitario en estas regiones también estuvieron viciadas por la trama corrupta.

La investigación en la Audiencia Nacional es crucial para desentrañar la red completa de la trama Koldo, ya que muchos de los implicados clave no son aforados y, por tanto, su proceso se lleva a cabo en este tribunal. La cantidad de pruebas a analizar, los testimonios a recabar y la necesidad de seguir el rastro del dinero hacen que esta parte del caso sea extensa y minuciosa. Los resultados de esta investigación serán fundamentales para comprender la magnitud total de la corrupción y para determinar la responsabilidad de cada uno de los actores involucrados, desde los intermediarios hasta los posibles beneficiarios finales de la trama.

• Juzgado responsable: Juzgado Central de Instrucción 2 de la Audiencia Nacional.
• Juez instructor: Ismael Moreno.
• Implicados: Relacionados con Soluciones de Gestión, Isabel Pardo de Vera (ex Adif), Javier Herrero (ex Carreteras).
• Expansión geográfica: Negocios en Baleares y Canarias.
• Ex presidentes autonómicos bajo incertidumbre: Francina Armengol y Ángel Víctor Torres.

Financiación Ilegal del PSOE: Una Investigación Secreta en Ferraz

La última y quizás más delicada de las ramificaciones surgidas del ‘Caso Koldo’ ha desembocado en una investigación bajo secreto en la Audiencia Nacional, centrada en los movimientos de efectivo en la sede central del PSOE, en la calle Ferraz. Esta pieza separada secreta (Diligencias previas 65/2003) se encuentra en sus primeras fases, pero su potencial para generar un escándalo de gran magnitud es innegable. La posibilidad de que el Partido Socialista Obrero Español haya incurrido en financiación ilegal es una acusación de extrema gravedad que podría sacudir los cimientos de la política española.

El origen de esta investigación secreta se encuentra en pistas o indicios obtenidos durante la instrucción del ‘Caso Koldo’ en el Tribunal Supremo. Fue el juez del Supremo quien propuso al juez de la Audiencia Nacional que se abriera esta línea de investigación, dada la naturaleza de los hallazgos y la necesidad de mantener la confidencialidad para preservar la integridad de las pruebas. La naturaleza secreta de las actuaciones implica que los detalles son escasos y la información se filtra con extrema cautela, lo que añade una capa de misterio y preocupación sobre su alcance real.

Los movimientos de efectivo bajo sospecha en Ferraz apuntan a prácticas que podrían ir más allá de las irregularidades administrativas, adentrándose en el terreno de la financiación ilícita de partidos políticos. Este tipo de delito puede tener consecuencias muy graves, incluyendo multas cuantiosas para la formación política e incluso la imputación de directivos y responsables de finanzas. La investigación busca desentrañar la procedencia de esos fondos, su destino final y si su gestión se realizó al margen de la ley electoral y de partidos, que establece estrictos controles sobre la financiación de las formaciones políticas.

La apertura de esta pieza separada ha generado una gran inquietud en el seno del PSOE, ya que afecta directamente al corazón financiero del partido. Aunque la investigación está en sus albores, la mera existencia de una causa abierta por presunta financiación ilegal en un partido de gobierno es un golpe duro para su imagen y credibilidad. Este frente judicial, por su carácter secreto y su potencial implicación directa con la cúpula del partido, se perfila como uno de los más impredecibles y con mayores ramificaciones políticas en el complejo panorama judicial que afronta Pedro Sánchez y su entorno en 2026. La resolución de este enigma podría marcar un antes y un después en la historia reciente del partido.

• Objeto de la investigación: Movimientos de efectivo en la sede del PSOE (Ferraz).
• Delito potencial: Financiación ilegal del PSOE.
• Estado: Investigación bajo secreto, en sus primeros pasos.
• Tribunal: Audiencia Nacional, a propuesta del juez del Supremo.
• Impacto: Potencialmente devastador para la imagen y finanzas del partido.

Preguntas Frecuentes

Conclusión

El año 2026 se presenta como un periodo de intensa e ineludible presión judicial para el presidente Pedro Sánchez y su entorno más cercano. El «viacrucis» de una decena de causas penales, que abarcan desde el inminente juicio del Caso Koldo en el Tribunal Supremo hasta las delicadas investigaciones secretas sobre la financiación del PSOE en la Audiencia Nacional, dibuja un panorama incierto y potencialmente convulso para la política española. La diversidad de los frentes abiertos, la gravedad de los delitos imputados y la implicación de figuras políticas de alto nivel, incluyendo a exministros y exsecretarios de organización del partido, aseguran que la atención mediática y ciudadana se mantendrá fija en los tribunales.

Las ramificaciones del Caso Koldo, que se extienden al amaño de obra pública con la sombra de Santos Cerdán y a las operaciones en Baleares y Canarias con la posible implicación de sus expresidentes, demuestran la complejidad y el alcance de la trama. A esto se suma la investigación sobre la presunta financiación ilegal del PSOE, que podría tener consecuencias devastadoras para la formación. La resolución de cada una de estas piezas judiciales no solo determinará la culpabilidad o inocencia de los acusados, sino que también influirá directamente en la estabilidad del Gobierno, la imagen del partido y la confianza de la ciudadanía en las instituciones. El 2026 será, sin duda, un año decisivo para la justicia y la política en España.

Palabras clave: Pedro Sánchez, viacrucis judicial, Caso Koldo, corrupción, financiación ilegal PSOE