PSOE: Admite pago 15.600€ a Leire Díez,

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha reconocido ante el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid el pago de 15.612,04 euros brutos a Leire Díez, ex militante de la formación, por sus servicios como periodista para el PSOE de Cantabria durante el año 2017. Esta admisión se produce en el marco de una investigación judicial que busca esclarecer las actividades de Díez, considerada por algunos como la «fontanera» del partido, y su posible implicación en una red de tráfico de influencias y cohecho. A pesar del pago, el PSOE niega que Díez haya ocupado cargos orgánicos dentro de la estructura partidista, aunque sí confirma su rol como concejal socialista en Vega del Pas entre 2011 y 2015. La documentación remitida al juez es crucial para entender la naturaleza de su relación con el partido en un momento en que Díez se encuentra bajo el escrutinio de la justicia en varias causas.

Pagos del PSOE a Leire Díez: Detalles y Contexto Judicial

El Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid ha recibido del Partido Socialista Obrero Español una serie de documentos que arrojan luz sobre la relación económica entre la formación y Leire Díez. En esta remisión, el PSOE confirma explícitamente haber abonado un total de 15.612,04 euros brutos a Díez en concepto de servicios periodísticos prestados al PSOE de Cantabria durante el año 2017. Este reconocimiento es un punto central en la investigación que busca dilucidar la naturaleza de las actividades de Díez y su conexión con el partido en un periodo clave. La información, inicialmente avanzada por el diario ABC y a la que ha tenido acceso Europa Press, detalla la transacción y las explicaciones del partido.

A pesar de la admisión del pago por servicios profesionales, el PSOE se ha apresurado a desvincular a Leire Díez de cualquier cargo orgánico dentro de su estructura. La documentación presentada al juez subraya que Díez «no ha tenido relación laboral ni consta que haya ocupado cargos orgánicos dentro del partido». Sin embargo, esta negación contrasta con su pasado político, ya que el propio partido reconoce que fue concejal en el Ayuntamiento de Vega del Pas, en Cantabria, entre los años 2011 y 2015, formando parte del Grupo Municipal Socialista. Esta dualidad entre la negación de cargos orgánicos y su participación en la política local genera interrogantes sobre la interpretación de su rol dentro de la órbita socialista.

El juez encargado de la causa había solicitado al PSOE una información detallada sobre la vinculación de Leire Díez con el partido. Específicamente, el magistrado reclamó que se informara si Díez «es o ha sido afiliada al PSOE y, en tal caso, fecha de alta y cese como afiliada», así como si, durante su afiliación, «desempeñó alguna actividad en el seno del partido y si recibió algún tipo de remuneración por dicha actividad». La respuesta del PSOE, confirmando el pago y su pasado como concejal pero negando cargos orgánicos, es la base para futuras indagaciones judiciales que buscarán esclarecer la verdadera naturaleza de su influencia y actuaciones.

La relevancia de estos documentos radica en la necesidad de la justicia de comprender el alcance de la relación entre Leire Díez y el PSOE en el contexto de las múltiples investigaciones en las que se encuentra inmersa. La confirmación de pagos por servicios periodísticos, aunque legítimos en principio, adquiere una nueva dimensión al ser la protagonista una figura bajo el foco judicial por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho. La distinción entre un servicio profesional externo y un cargo orgánico puede ser crucial para determinar la responsabilidad y el grado de implicación de las partes.

La investigación judicial no se limita únicamente a la relación económica de Díez con el PSOE, sino que también abarca otras pruebas. El juez ha solicitado a la Comisaría General de Policía Científica la mejora del audio de una grabación aportada por el fiscal Ignacio Stampa, relacionada con una reunión de Díez. Además, se ha pedido determinar técnicamente si otra grabación, esta vez de una reunión con el imputado Alejandro Hamlyn en un caso de hidrocarburos, pudo ser efectuada por uno de los asistentes o por un tercero ajeno. Estas diligencias demuestran la profundidad y el rigor con el que la justicia está abordando el caso, buscando pruebas concluyentes que permitan reconstruir los hechos y determinar responsabilidades.

• El PSOE reconoce un pago de 15.612,04 euros brutos a Leire Díez en 2017 por servicios periodísticos.
• La formación niega que Díez haya ocupado cargos orgánicos, pero confirma su rol como concejal socialista (2011-2015).
• El juez solicitó información sobre su afiliación, actividades y remuneraciones dentro del partido.
• La documentación es clave para las investigaciones en curso sobre las actividades de Díez.
• Se han solicitado peritajes sobre grabaciones de audio relacionadas con Díez y otros imputados.

El Historial de Leire Díez: Militancia, Cargos y Actividad Profesional

La trayectoria de Leire Díez, antes de situarse en el epicentro de varias investigaciones judiciales, muestra una combinación de afiliación política y actividad profesional en el ámbito de la comunicación. Los documentos remitidos por el PSOE al Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid revelan detalles sobre su militancia y su paso por la vida pública. Se constata que Díez fue dada de alta como militante socialista el 18 de abril de 2006, iniciando su andadura política en la agrupación de Portugalete, en Vizcaya. Posteriormente, su afiliación se trasladaría a la agrupación de Vega de Pas, en Cantabria, donde también desarrolló parte de su carrera pública. Su baja como militante se registró el 4 de junio de 2025, lo que indica una larga trayectoria vinculada al partido.

Más allá de su militancia, Leire Díez ejerció como concejal en el Ayuntamiento de Vega del Pas (Cantabria) entre los años 2011 y 2015. Durante este periodo, formó parte del Grupo Municipal Socialista, lo que le otorgó una posición de visibilidad y acción política a nivel local. Esta experiencia en la política municipal contrasta con la negación del PSOE de que haya ocupado «cargos orgánicos» dentro de la estructura general del partido, una distinción que la formación ha querido enfatizar en su defensa ante el juez. La relevancia de este cargo radica en la posibilidad de haber establecido contactos y redes que podrían ser relevantes para las investigaciones actuales.

En su declaración como imputada el pasado 17 de noviembre, Leire Díez ofreció un repaso por su vida laboral, intentando desvincularse de cualquier actuación irregular y subrayando su perfil profesional. Relató que en 2018 dio un salto significativo a la empresa pública, incorporándose a la Empresa Nacional del Uranio (Enusa). Esta compañía, que forma parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), la contrató como «técnico de comunicación» tras un «previo proceso de selección». Su estancia en Enusa se extendió hasta 2021, momento en el que, según su testimonio, solicitó una excedencia voluntaria.

La razón de su excedencia en Enusa fue una oportunidad laboral en Correos, donde, según su declaración, fue contratada como jefa de Relaciones Institucionales. Este puesto, de considerable relevancia, la habría mantenido en el ámbito de las grandes corporaciones públicas, un sector sensible y con amplias conexiones. Su trayectoria profesional, que transita entre la comunicación corporativa y la participación en empresas estatales, es un punto de interés para los investigadores, quienes buscan entender si sus roles profesionales pudieron haber facilitado o encubierto las presuntas actividades ilícitas que se le imputan. La combinación de su pasado político y su experiencia en el sector público es un elemento clave en el análisis de su caso.

Leire Díez también ha declarado sobre reuniones clave que mantuvo con figuras políticas. Específicamente, afirmó haberse reunido en dos ocasiones con el ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. No obstante, Díez insistió en que estos encuentros se produjeron en su calidad de periodista y que, en ningún momento, ofreció favores ni tenía vínculos activos con el partido en el momento de dichas reuniones. Esta versión busca reforzar la idea de que sus interacciones eran de índole profesional y no respondían a una agenda política o de influencia indebida, una afirmación que será cotejada con las pruebas recabadas por la instrucción judicial.

• Leire Díez se afilió al PSOE el 18 de abril de 2006 en Portugalete (Vizcaya) y causó baja el 4 de junio de 2025.
• Fue concejal socialista en Vega del Pas (Cantabria) entre 2011 y 2015.
• En 2018, se incorporó como técnico de comunicación en Enusa, empresa perteneciente a la SEPI.
• En 2021, tomó excedencia de Enusa para ocupar el cargo de jefa de Relaciones Institucionales en Correos.
• Díez declaró haber mantenido reuniones con Santos Cerdán como periodista, negando vínculos con el partido o favores.

Investigaciones en Curso: De la Audiencia Nacional a Zamarriego

Leire Díez se encuentra en el centro de atención judicial, implicada en al menos dos investigaciones de gran calado que avanzan en distintos juzgados. La primera de ellas, y de gran repercusión mediática, se materializó con su detención el pasado 10 de diciembre. Agentes de la Guardia Civil procedieron a su arresto, junto al ex presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández, en el marco de una operación por presuntas irregularidades en contrataciones públicas. Esta acción fue ordenada por la Audiencia Nacional, bajo la dirección del titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Antonio Piña, y con la participación activa de la Fiscalía Anticorrupción. La causa se mantiene bajo secreto de sumario, lo que indica la complejidad y la sensibilidad de las pesquisas.

La detención de Díez y Fernández puso de manifiesto la seriedad de las acusaciones que pesan sobre ellos, relacionadas con la gestión y adjudicación de contratos en el sector público. La SEPI, de la que Vicente Fernández fue presidente, es un holding que agrupa diversas empresas estatales, incluyendo Enusa, donde Leire Díez trabajó como técnico de comunicación. Esta conexión laboral en el sector público es un eje central de la investigación de la Audiencia Nacional, que busca desentrañar si hubo prácticas corruptas o tráfico de influencias en la obtención o adjudicación de contratos. La liberación de Díez tres días después de su detención, con medidas cautelares impuestas por el juez Piña, no implica el cierre de la investigación, sino que permite que esta siga su curso sin privación de libertad.

Paralelamente a la causa de la Audiencia Nacional, Leire Díez figura como investigada en otra causa que se instruye en el Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid, dirigida por el magistrado Arturo Zamarriego. En este caso, las acusaciones son de presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho. La gravedad de estos delitos radica en la posibilidad de que Díez haya utilizado su posición o contactos para obtener favores o beneficios de manera indebida. El pasado 11 de noviembre, el propio magistrado Zamarriego le tomó declaración, interrogándola sobre la presunta oferta de favores a cambio de información comprometida contra miembros del Instituto Armado y la Fiscalía Anticorrupción, lo que sugiere una trama de mayor envergadura y con implicaciones en los cuerpos de seguridad del Estado.

La investigación del Juzgado de Instrucción Número 9 se adentra en lo que el juez Arturo Zamarriego considera una «actuación delictiva, continuada y coordinada» liderada por la ex militante y ex concejal socialista. En esta supuesta trama, Díez estaría acompañada por el empresario Javier Pérez Dolset y el periodista Pere Rusiñol, también investigados. El objetivo de esta red, según el magistrado, sería «recabar información comprometida o irregular» con la finalidad de «anular o malbaratar» investigaciones en «casos relevantes que afectan a políticos y empresarios». Este planteamiento dibuja un escenario complejo de injerencias en procesos judiciales y manipulaciones de información que podrían haber afectado a la integridad del sistema de justicia.

La dualidad de las investigaciones, una centrada en contrataciones públicas y otra en el tráfico de influencias y el intento de subvertir procesos judiciales, subraya la complejidad del perfil de Leire Díez y la diversidad de las acusaciones que pesan sobre ella. La coincidencia de su trayectoria profesional en empresas públicas y su pasado político con las áreas de investigación plantea serias preguntas sobre el uso de sus redes de contacto y su posible involucración en actividades ilícitas. Ambas causas, aunque independientes, convergen en la figura de Díez como un elemento central en presuntas tramas de corrupción y manipulación.

• Leire Díez fue detenida el 10 de diciembre junto a Vicente Fernández por presuntas irregularidades en contrataciones públicas.
• La operación fue ordenada por la Audiencia Nacional, bajo la dirección del juez Antonio Piña y la Fiscalía Anticorrupción.
• Díez fue puesta en libertad con medidas cautelares tres días después de su detención.
• También está investigada por el Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid por tráfico de influencias y cohecho.
• El juez Arturo Zamarriego le tomó declaración por ofrecer favores a cambio de información contra miembros del Instituto Armado y la Fiscalía.

La Trama de Influencias: ¿’Fontanera’ o Periodista en el Punto de Mira?

El apodo de «fontanera» que ha recaído sobre Leire Díez encapsula la percepción de una figura con capacidad para moverse en las sombras, tejiendo redes y gestionando información delicada. Esta imagen se refuerza con la descripción que el juez Arturo Zamarriego, del Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid, hace de su papel. El magistrado considera que la ex militante y ex concejal socialista «lidera» una «actuación delictiva, continuada y coordinada» junto al empresario Javier Pérez Dolset y el periodista Pere Rusiñol, quienes también se encuentran bajo investigación. La existencia de un liderazgo claro en esta supuesta trama sugiere una organización y un propósito definidos, lejos de actuaciones individuales aisladas.

El objetivo principal de esta red, según la instrucción judicial, sería «recabar información comprometida o irregular» con una finalidad muy específica: «anular o malbaratar» investigaciones en «casos relevantes que afectan a políticos y empresarios». Esto implica un intento deliberado de interferir en procesos judiciales y de manipular la información para beneficiar a terceros o perjudicar a investigaciones en curso. La mención de «casos relevantes» y la implicación de «políticos y empresarios» sugiere una trama con ramificaciones en las altas esferas del poder económico y político, donde la información sensible puede tener un valor incalculable. La habilidad para obtener y usar dicha información sería la clave de la operación.

En este contexto, las solicitudes del juez a la Comisaría General de Policía Científica adquieren una relevancia fundamental. Se ha pedido mejorar el audio de la grabación aportada por el fiscal Ignacio Stampa sobre su reunión con Díez y, en caso de no ser posible técnicamente, proceder a su transcripción. Estas grabaciones podrían contener pruebas directas de las conversaciones y negociaciones que formaban parte de la supuesta trama. La calidad del audio y su transcripción son elementos críticos para la validez de estas pruebas en el proceso judicial, ya que permitirán analizar el contenido y el tono de las interacciones.

Asimismo, en relación con la grabación de una reunión con el imputado en un caso de hidrocarburos, Alejandro Hamlyn, el juez ha solicitado que se determine técnicamente si pudo ser efectuada por uno de los asistentes a la reunión o por un tercero extraño. Esta pericial es vital para establecer la autoría de la grabación y su contexto. Si la grabación fue realizada por uno de los participantes, podría tratarse de una auto-incriminación o de una estrategia de defensa; si fue por un tercero, podría indicar una vigilancia o una operación más compleja. La cadena de custodia y la autenticidad de las pruebas de audio son aspectos cruciales en cualquier investigación judicial que se apoye en este tipo de material. Más información sobre la cadena de custodia.

La declaración de Leire Díez el 17 de noviembre, en la que insistió en que sus encuentros con Santos Cerdán fueron en calidad de periodista y que no tenía vínculos con el partido ni ofreció favores, choca frontalmente con la interpretación del juez. Esta divergencia de versiones es el núcleo del conflicto judicial: ¿actuaba Díez como una profesional de la comunicación, o era una operadora de influencias que utilizaba su acceso y conocimientos para fines ilícitos? La resolución de esta cuestión determinará el futuro judicial de Díez y arrojará luz sobre la posible existencia de una red dedicada a la manipulación informativa y judicial. El rol de un periodista, incluso en la política, es un tema de debate constante. Recursos sobre periodismo de investigación.

• El juez Zamarriego considera que Leire Díez lidera una «actuación delictiva, continuada y coordinada» para recabar información comprometida.
• La trama tendría como objetivo «anular o malbaratar» investigaciones que afectan a políticos y empresarios.
• Javier Pérez Dolset y Pere Rusiñol también están investigados en esta trama.
• El juez ha solicitado la mejora y transcripción de audios clave relacionados con Díez.
• Se busca determinar la autoría de una grabación de una reunión con Alejandro Hamlyn para establecer su contexto.

Preguntas Frecuentes

Conclusión

El caso de Leire Díez se ha convertido en un complejo entramado judicial que entrelaza su pasado político, su trayectoria profesional en el ámbito de la comunicación y las empresas públicas, y graves acusaciones de corrupción. La admisión por parte del PSOE de un pago por servicios periodísticos, aunque negando cargos orgánicos, añade una capa más de complejidad a su relación con la formación en un momento crítico. Mientras la Audiencia Nacional la investiga por presuntas irregularidades en contrataciones públicas, el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid la sitúa como el cerebro de una trama de tráfico de influencias y cohecho destinada a manipular investigaciones judiciales. La figura de Díez, descrita como una «fontanera» capaz de moverse en las sombras, se encuentra ahora bajo el escrutinio público y judicial, con dos frentes abiertos que buscan esclarecer la verdadera naturaleza de sus actividades. Las diligencias en curso, incluyendo el análisis de grabaciones y el cruce de declaraciones, serán determinantes para dilucidar si su rol fue el de una profesional de la comunicación o el de una operadora de una red ilícita con fines de injerencia. La resolución de estas causas no solo impactará en el futuro de Leire Díez, sino que también podría arrojar luz sobre posibles prácticas irregulares en las esferas política y empresarial de España.

Palabras clave: Leire Díez, PSOE, corrupción, tráfico de influencias, Audiencia Nacional