PSOE 2025: Doce Campanadas Clave Para el Gobierno

El año 2025 se ha despedido dejando una huella imborrable en la historia política y judicial de España, marcando un periodo de intensa convulsión para el PSOE y el Gobierno. Este vigésimo quinto año del siglo XXI estuvo plagado de constantes escándalos de corrupción y una profunda inestabilidad política que puso a prueba las costuras de la democracia española. Desde las controvertidas actividades en el CNIO hasta las detenciones de figuras clave como Ábalos, Santos Cerdán y Leire Díez, pasando por la condena del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, y la dimisión del presidente valenciano Carlos Mazón, el ejecutivo de Pedro Sánchez afrontó un sinfín de desafíos. Estas «doce campanadas» delinearon un panorama crítico para el partido socialista, aún con más de un año y medio de legislatura por delante, anticipando un 2026 igualmente desafiante.

El CNIO y los Primeros Ecos de la Corrupción

El telón del 2025 se levantó con la herencia de un escándalo que ya venía gestándose desde finales de 2024: las presuntas irregularidades en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO). Durante el primer mes del año, las revelaciones sobre las actividades dudosas del organismo, dependiente del Ministerio de Ciencia, coparon la opinión pública. Las acusaciones iban desde el pago de casi un millón de euros en la adquisición de obras de arte hasta el cobro de sobresueldos por parte de su entonces directora, María Blasco, y otros directivos. Estas informaciones, publicadas exhaustivamente por diversos medios, forzaron el cese de sus dos directores el 29 de enero de 2025, marcando el inicio de un año tumultuoso.

Lejos de ser un caso aislado, el escándalo del CNIO resultó ser la antesala de un primer trimestre aciago y el preludio de una oleada de brotes de corrupción que salpicarían al Gobierno y a figuras cercanas a su líder. La primavera, con permiso de un apagón masivo que afectó a la península el 28 de abril, se convirtió en el escenario del estallido masivo de casos. La sombra de la sospecha se cernió sobre el hermano del presidente del Gobierno, un músico que, tras varias declaraciones, fue enviado al banquillo el 22 de mayo, junto al exsecretario general del PSOE en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo. Ambos fueron señalados por presuntos delitos de tráfico de influencias y prevaricación relacionados con su contratación en la Diputación de Badajoz, con el juicio oral ya fijado para finales de mayo del próximo año.

Junio no trajo tregua, sino un nuevo terremoto político. Santos Cerdán, hombre de confianza de Pedro Sánchez y figura clave en el PSOE, fue implicado en un informe de la UCO como presunto miembro de una organización criminal dedicada a la adjudicación de obra pública a cambio de mordidas ilegales. Su dimisión y entrega del acta de diputado fue fulminante, seguida de su ingreso en prisión preventiva el 30 de junio en Soto del Real, alegando riesgo de fuga y destrucción de pruebas. Apenas diez días antes, agentes de la UCO habían irrumpido en la sede socialista de Ferraz, así como en las de Adif y Transportes, en busca de datos relacionados con la trama de mascarillas, evidenciando la magnitud de las investigaciones.

A finales de 2025, el caso CNIO volvió a tomar relevancia con nuevas revelaciones sobre irregularidades. Estas informaciones llevaron a la Fiscalía Anticorrupción a abrir una investigación formal sobre la gestión del centro, lo que sugiere que las repercusiones de este primer escándalo aún estaban lejos de cerrarse. La persistencia de estas indagaciones subraya la profundidad de los problemas estructurales que se hicieron evidentes a lo largo del año en diversas instituciones y esferas de la administración pública.

• El escándalo del CNIO, destapado en diciembre de 2024, continuó en 2025 con el cese de sus directores.
• María Blasco fue señalada por pagos de casi un millón de euros en arte y sobresueldos.
• Anticorrupción abrió una investigación a finales de año sobre la gestión del centro.
• El hermano del presidente y Miguel Ángel Gallardo fueron enviados al banquillo por tráfico de influencias y prevaricación.
• Santos Cerdán, hombre de confianza de Sánchez, ingresó en prisión preventiva por presuntas mordidas ilegales.
• La UCO realizó registros en la sede del PSOE en Ferraz y en ministerios clave.

Inestabilidad Parlamentaria y la Crisis Migratoria

El 2025 no solo fue un año de escándalos por corrupción, sino también de una profunda inestabilidad y debilidad parlamentaria que minó la capacidad del Gobierno para legislar. La incapacidad de Moncloa para presentar los Presupuestos Generales del Estado, manteniendo los de 2023 a pesar de la insistencia de la ministra portavoz Elma Saiz sobre su «obligación constitucional», fue un claro síntoma de esta parálisis. Esta situación no fue un hecho aislado, sino el principio de una serie de derrotas legislativas que evidenciaron la fragilidad de la coalición.

La debilidad del Ejecutivo se manifestó en repetidas ocasiones, cuando socios de investidura se unieron a la oposición para infligir reveses dolorosos. Uno de los episodios más significativos fue la negativa a la cesión de las competencias en inmigración a Cataluña. Esta decisión provocó, en parte, la ruptura del acuerdo de investidura de Junts con el PSOE, aunque se ha revelado que ambas formaciones continuaron negociando discretamente en la sombra. La gestión de equilibrios entre la política nacional e internacional también supuso un desgaste para Sánchez, quien vio cómo sus roces constantes con Estados Unidos (por contratos con Huawei o el gasto en defensa), aliados europeos e Israel, le hicieron perder posiciones en el escenario global.

Marzo fue un mes particularmente tenso en Moncloa, no solo por la falta de presupuestos, sino por el recrudecimiento de la crisis migratoria de menores no acompañados en Canarias. La situación de hacinamiento en las islas alcanzó un punto crítico, que se agudizaría durante el verano. El Gobierno intentó abordar la situación mediante un acuerdo con Junts para un reparto desigual de menores entre Cataluña y el resto de España, una medida que provocó una cascada de desplantes y rechazos por parte de varias comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular.

Las impugnaciones ante el Tribunal Constitucional y las numerosas denuncias en el Tribunal Supremo fueron el reflejo de la profunda división generada por esta gestión. A pesar de la polémica, el Gobierno finalmente comenzó a reubicar a los menores de forma más fluida en septiembre, cinco meses después de la aprobación inicial en el Consejo de Ministros. Sin embargo, a finales de año, y a pesar del malestar palpable del Gobierno canario, el Ejecutivo central no había logrado sacar ni siquiera al 10% de los menores inmigrantes que tenía la obligación de reubicar, dejando una herida abierta en la gestión migratoria y una muestra de la ineficacia administrativa.

• El Gobierno no presentó Presupuestos Generales del Estado en 2025, manteniendo los de 2023.
• Socios de investidura infligieron derrotas legislativas, destacando la no cesión de competencias migratorias a Cataluña.
• Junts rompió el acuerdo de investidura con el PSOE, aunque continuaron negociaciones secretas.
• Pedro Sánchez perdió posiciones internacionales por roces con EE.UU., aliados europeos e Israel.
• La crisis migratoria de menores en Canarias culminó en verano, con hacinamiento y desafíos en la reubicación.
• El acuerdo de reparto de menores con Junts generó rechazo en comunidades del PP y llevó a impugnaciones judiciales.

El Verano Caliente: Corrupción y Avances Judiciales

El verano de 2025, lejos de ser un periodo de calma, se convirtió en un capítulo crucial de la política española, marcado por la reafirmación del Partido Popular y nuevos avances en uno de los casos de corrupción más mediáticos. En julio, el XXI Congreso Nacional del Partido Popular reeligió a Alberto Núñez Feijóo como presidente. Los escándalos de corrupción que asediaban al Gobierno y al PSOE sirvieron de telón de fondo ideal para que Feijóo defendiera su visión de un futuro ejecutivo sin Vox, una meta que, con el paso de los meses, se tornaría cada vez más compleja de alcanzar en el fragmentado panorama político español.

Mientras tanto, la maquinaria judicial no se detuvo, ni siquiera durante el mes de agosto. El caso que implicaba a Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, continuó su curso con notable determinación. El juez Peinado comunicó la imputación de un nuevo delito, el de malversación de caudales públicos, que se sumaba a las acusaciones previas. A pesar de las numerosas rectificaciones de la Audiencia de Madrid a las pretensiones del magistrado, la decisión de que Gómez fuera juzgada por un jurado popular se mantuvo firme, intensificando la presión sobre Moncloa. El juez Peinado tiene hasta abril de 2026 para recabar todas las diligencias necesarias antes de un hipotético juicio, lo que asegura que este asunto seguirá ocupando titulares.

La persistencia del juez Peinado en avanzar con la investigación del caso Begoña Gómez fue una de las lecciones más claras que dejó el 2025. Este suceso, junto con otros frentes judiciales, mantuvo una constante presión sobre el Gobierno, obligándolo a posicionarse y a defender a figuras clave en medio de un clima de creciente desconfianza. La acumulación de causas y la implicación de personas cercanas al poder generaron un ambiente de incertidumbre que permeó la acción política durante todo el año, desviando la atención de la agenda legislativa y social.

La percepción de un gobierno asediado por la corrupción se consolidó con cada avance judicial. El caso de Begoña Gómez, en particular, por su proximidad a la máxima figura del ejecutivo, se erigió como un símbolo de la compleja situación. La determinación judicial de seguir adelante, a pesar de los recursos y las controversias, dejó claro que ninguna posición estaba exenta de escrutinio, y que la independencia de los poderes del Estado sería puesta a prueba de manera constante en este crítico año. La sombra de la justicia se cernía cada vez más sobre el círculo íntimo del poder, prometiendo nuevos desarrollos en el futuro cercano.

• Alberto Núñez Feijóo fue reelegido presidente del PP en julio, defendiendo un gobierno sin Vox.
• El juez Peinado imputó a Begoña Gómez un nuevo delito de malversación de caudales públicos en agosto.
• La esposa del presidente será juzgada por un jurado popular, con un plazo hasta abril de 2026 para diligencias.
• El caso Begoña Gómez mantuvo una presión constante sobre el Gobierno durante el verano.
• Los avances judiciales subrayaron la independencia de la justicia frente al poder político.

Revés y Debacle: De Mazón a la Caída Socialista en Extremadura

El otoño de 2025 trajo consigo una serie de golpes demoledores para el Gobierno y el PSOE, que ni siquiera los intentos de desviar la atención hacia temas como Gaza o el 50 aniversario del fin de la dictadura pudieron mitigar. El 3 de noviembre, un año después de la trágica DANA que asoló Valencia, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, dimitió con un contundente «ya no puedo más». Su renuncia, sin convocar elecciones ni abandonar su acta de diputado autonómico, abrió un periodo de incertidumbre en la comunidad, apelando a una «mayoría viva» que su sucesor, Pérez Llorca, ha intentado distanciarse de la gestión anterior.

Apenas dos semanas después, el 20 de noviembre, el Tribunal Supremo asestó un golpe inédito al Gobierno al condenar al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos contra el novio de Isabel Díaz Ayuso. Tras diez días de un juicio que captó la atención nacional, la sentencia impuso a García Ortiz dos años de inhabilitación para el cargo y una multa de 7.200 euros. El Gobierno, que había defendido su inocencia y deslizado la existencia de «lawfare», tuvo que acatar la condena a pesar de su expreso descontento, evidenciando un revés judicial de proporciones históricas.

Sin tiempo para asimilar el shock de la condena del Fiscal General, el Gobierno se enfrentó a una nueva entrada en prisión de un exsecretario de organización del PSOE. El 27 de noviembre, José Luis Ábalos, exministro de Transportes, ingresó en prisión preventiva junto a su exasesor Koldo García. La Fiscalía Anticorrupción solicitó 24 años de cárcel para Ábalos por la adjudicación de material sanitario a cambio de comisiones ilegales durante la pandemia de Covid. Este caso, por su trascendencia y la figura del implicado, añadió una capa más de descrédito al partido en el poder.

Diciembre, el último mes del año, no ofreció respiro. El PSOE, partido que había enarbolado la bandera del feminismo en su legislatura, se vio envuelto en una avalancha de denuncias internas de acoso sexual y laboral. La mala gestión de estas acusaciones provocó indignación dentro del partido, con figuras como Paco Salazar o José Tomé señaladas en los casos más destacados. Esta paradoja feminista generó críticas incluso de Sumar, socio de gobierno, que reclamó «cambios radicales» en el Ejecutivo, aunque estas demandas quedaron sin respuesta. Paralelamente, el 13 de diciembre, Leire Díez, conocida como la «fontanera» del PSOE, fue detenida junto al expresidente de la SEPI, Vicente Fernández (cercano a la ministra María Jesús Montero), y Antxon López, presunto socio de Santos Cerdán. La acusación: posible participación en una organización criminal que amañaba contratos públicos con mordidas. Los agentes de la UCO registraron los ministerios de Hacienda y Transición, así como la empresa Correos, ampliando el cerco sobre la corrupción.

La puntilla final para el PSOE llegó con las elecciones en Extremadura, donde su candidato, Miguel Ángel Gallardo, cosechó los peores resultados históricos de la formación en un territorio tradicionalmente afín. La debacle socialista se tradujo en un 60% del voto aglutinado en las derechas, una tendencia que benefició notablemente a Vox y Podemos, los únicos partidos que incrementaron de forma destacada sus escaños en la Asamblea de Extremadura. Este resultado no solo fue un varapalo electoral, sino una clara señal del desgaste y la pérdida de confianza que el PSOE y el Gobierno habían acumulado a lo largo de un 2025 implacable, dejando un panorama incierto para el año venidero.

• Carlos Mazón dimitió como presidente de la Generalitat Valenciana el 3 de noviembre.
• Álvaro García Ortiz, Fiscal General del Estado, fue condenado por revelación de secretos en noviembre.
• José Luis Ábalos ingresó en prisión preventiva por el caso Koldo y comisiones ilegales.
• El PSOE enfrentó una crisis interna por denuncias de acoso sexual y laboral en diciembre.
• Leire Díez fue detenida, implicada en una trama de amaño de contratos públicos con mordidas.
• El PSOE sufrió una debacle electoral histórica en Extremadura, perdiendo el 60% del voto a favor de las derechas.

Preguntas Frecuentes

Conclusión

El año 2025 se cierra como un ejercicio extraordinariamente complejo y definitorio para el Gobierno y el PSOE, un periodo que ha puesto a prueba la resiliencia de las instituciones y la estabilidad política de España. La concatenación de escándalos de corrupción, desde las irregularidades en el CNIO hasta la implicación de figuras clave como Ábalos, Santos Cerdán y Leire Díez, ha generado un profundo desgaste en la confianza ciudadana y una erosión constante de la imagen del partido en el poder. La debilidad parlamentaria, evidenciada en la incapacidad de aprobar presupuestos y las derrotas legislativas, sumada a la controvertida gestión de crisis como la migratoria en Canarias, ha dibujado un panorama de un ejecutivo acorralado y con dificultades para avanzar en su agenda.

Los reveses judiciales, con la condena inédita del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, y los avances en casos como el de Begoña Gómez, han añadido una capa de tensión sin precedentes, confirmando que la justicia ha actuado con independencia frente al poder político. La dimisión de Carlos Mazón y la crisis interna en el PSOE por las denuncias de acoso han completado un cuadro de convulsión política y social. Finalmente, la debacle electoral en Extremadura ha servido como la puntilla, un claro indicio del descontento y la fragmentación del electorado. El telón del 2025 se baja con un Gobierno debilitado, un PSOE en crisis y un país que mira al 2026 con la expectativa de una legislatura que sigue siendo larga y llena de incógnitas, donde la capacidad de recuperación del ejecutivo será puesta a prueba una vez más.

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