Veinte ciudadanos con profundos lazos con España, incluyendo españoles de origen, hispanovenezolanos y presos con doble nacionalidad, permanecen injustamente encarcelados en las prisiones venezolanas, bajo la sombra de un régimen represivo. Estos individuos, muchos de ellos acusados sin pruebas y sometidos a condiciones infrahumanas en centros penitenciarios como El Rodeo 1 y El Helicoide, representan un doloroso capítulo en las relaciones bilaterales y un clamor por la justicia. La reciente esperanza de una posible liberación ha resurgido con la extracción del exmandatario Nicolás Maduro y la proximidad del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero a las nuevas esferas de poder bolivariano, ofreciendo un tenue rayo de luz a las familias que han sufrido un «batacazo navideño» tras promesas incumplidas. Este artículo detalla la situación de estos prisioneros, sus identidades y las circunstancias de su detención, en un contexto de transición política y expectativas internacionales.
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La Esperanza Renovada de una Transición
La situación de los veinte presos políticos españoles en Venezuela ha sido un foco constante de preocupación para sus familias y la diplomacia española. Estos ciudadanos, que incluyen a cuatro españoles de origen, ocho hispanovenezolanos y ocho con doble nacionalidad, han permanecido en las mazmorras chavistas bajo diversas acusaciones, a menudo infundadas y con procesos judiciales plagados de irregularidades. La reciente coyuntura política en Venezuela, marcada por la «extracción de Nicolás Maduro» y la puesta en marcha de una «transición teledirigida», ha infundido una nueva, aunque frágil, esperanza entre los seres queridos de estos prisioneros.
Esta renovada expectativa no surge de un cambio radical en la política interna venezolana, sino de la percepción de una reconfiguración de poder y la influencia de actores externos. La cercanía de José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno español, con el nuevo poder bolivariano, ha sido interpretada como un posible canal para la mediación y la liberación de estos rehenes políticos. Su historial de participación en diálogos previos con el régimen venezolano le posiciona como una figura clave en cualquier posible negociación, aunque su eficacia en el pasado haya sido objeto de debate y crítica.
La esperanza actual contrasta drásticamente con el desaliento vivido tras el «batacazo navideño», un término que alude a un momento de profunda decepción. Durante ese periodo, las familias de los presos habían depositado grandes expectativas en una posible intervención del Gobierno español, especialmente después de que Pedro Sánchez se reuniera en La Moncloa con familiares de dos presos vascos y un canario. Sin embargo, este encuentro no se tradujo en una liberación generalizada ni en la atención a todos los casos, dejando a muchas familias con una sensación de olvido y desamparo, lo que exacerbó el sufrimiento y la incertidumbre.
La complejidad de la situación se agrava por la diversidad de los perfiles de los presos y las acusaciones que pesan sobre ellos. Desde supuestos «turistas terroristas» hasta empresarios y activistas, cada historia es un testimonio de la represión y la arbitrariedad judicial en Venezuela. La falta de un debido proceso, las condiciones carcelarias infrahumanas y la instrumentalización política de la justicia son denominadores comunes que unen las experiencias de estos veinte individuos, cuya libertad se ha convertido en una moneda de cambio en el tablero geopolítico regional.
- Cuatro españoles de origen, ocho hispanovenezolanos y ocho con doble nacionalidad componen el grupo.
- La «extracción de Nicolás Maduro» y una «transición teledirigida» son catalizadores de la nueva esperanza.
- José Luis Rodríguez Zapatero es visto como un mediador potencial.
- El «batacazo navideño» representó una profunda decepción previa para las familias.
El Cruel Engranaje de la DGCIM: Casos Emblemáticos
La Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) se ha consolidado como uno de los organismos represivos más temidos y crueles del régimen bolivariano. Cuatro españoles de origen y tres hispanovenezolanos, de los veinte presos políticos, se encuentran recluidos en las cárceles bajo el control de esta institución. Las condiciones de detención en la DGCIM son sistemáticamente denunciadas por organizaciones de derechos humanos como brutales e inhumanas, caracterizadas por torturas, aislamiento y falta de acceso a atención médica y legal adecuada. La DGCIM opera con una impunidad que le permite actuar al margen de cualquier norma jurídica internacional, convirtiendo sus instalaciones en verdaderos centros de tormento para opositores y disidentes. Para más información sobre la contrainteligencia militar, se puede consultar este enlace de Wikipedia.
Entre los casos más notorios y alarmantes se encuentran los de Andrés Martínez Adasme (32 años) y José María Basoa (35), dos ciudadanos vascos a quienes el régimen ha tildado de «turistas terroristas». Ambos fueron acusados falsamente de ser agentes españoles con la misión de asesinar a Nicolás Maduro, una narrativa que carece de pruebas y que ha sido ampliamente rechazada por la comunidad internacional. Fueron capturados en la región del Amazonas días después del «megafraude electoral del 28 de julio», un periodo de alta tensión política y represión. Su detención, sin fundamento legal, los convierte en rehenes claros de una estrategia de amedrentamiento y propaganda política.
En el mismo centro penitenciario de Guatire, cerca de Caracas, se encuentran recluidos otros dos españoles: Miguel Moreno Dapena (34), un marinero y periodista canario, y Ernesto Gorbe Cardona (52), un valenciano. Moreno Dapena fue capturado en junio del año pasado mientras era tripulante del buque cazatesoros N35, interceptado en aguas en litigio entre Guyana y Venezuela. Su misión era la búsqueda de restos de mercantes hundidos en la Segunda Guerra Mundial, una actividad que, bajo circunstancias normales, no debería haberle acarreado consecuencias penales. Su detención se inscribe en un contexto de tensiones territoriales y ha sido utilizada para fines políticos.
El caso de Ernesto Gorbe Cardona es igualmente revelador de las prácticas extorsivas del régimen. Fue detenido hace un año bajo la acusación de tener su visa vencida. Sin embargo, fuentes diplomáticas confirmaron a EL MUNDO que su arresto respondía a la habitual «extorsión policial», un modus operandi común en Venezuela donde las detenciones arbitrarias son utilizadas para obtener beneficios económicos o ejercer presión política. Estas detenciones demuestran cómo la DGCIM no solo persigue a opositores políticos, sino que también utiliza pretextos administrativos para coaccionar a ciudadanos extranjeros, convirtiéndolos en víctimas de un sistema corrupto y opresivo.
- La DGCIM es un organismo represivo conocido por la tortura y las condiciones infrahumanas.
- Andrés Martínez Adasme y José María Basoa son los «turistas terroristas» vascos, acusados sin pruebas de conspiración.
- Miguel Moreno Dapena, marinero canario, fue capturado en un buque cazatesoros en aguas en disputa.
- Ernesto Gorbe Cardona, valenciano, fue víctima de «extorsión policial» bajo el pretexto de una visa vencida.
El Rodeo 1: Un Infierno Llamado «Naciones Unidas»
La cárcel de El Rodeo 1 es un nombre que resuena con terror en Venezuela. Reservada para «rebeldes duros» y presos «especiales», es un lugar donde las condiciones infrahumanas son la norma, no la excepción. Los presos extranjeros que han sobrevivido a sus muros la denominan irónicamente las «Naciones Unidas», un macabro apodo que refleja la diversidad de nacionalidades entre sus reclusos, todos ellos sometidos a un régimen de privación extrema de derechos y dignidad. La sobrepoblación, la insalubridad, la escasez de alimentos y agua, y la violencia sistemática son características intrínsecas de este centro penitenciario, que ha sido objeto de múltiples denuncias por parte de organismos internacionales de derechos humanos.
En este infierno terrenal sobreviven tres hispanovenezolanos, cada uno con su propia historia de injusticia. Alejandro González (59), un exmilitar y gerente aeronáutico de la petrolera estadounidense Chevron, es uno de ellos. Su «pecado» no fue una actividad política directa, sino su vínculo familiar: es el exmarido de Rocío San Miguel, una emblemática figura de la sociedad civil venezolana, también presa con nacionalidad española. La detención de González es un claro ejemplo de la represión vicaria, donde el régimen persigue a los familiares de sus oponentes para ejercer presión y castigo indirecto.
El caso de Uaiparu Guerere (70), un empresario que residía en Barcelona desde hacía años, es otra muestra de la brutalidad y la lógica extorsiva del régimen. Fue capturado en 2023 cuando regresó a Venezuela con la intención de cerrar sus negocios. Su detención se enmarca en lo que se ha descrito como una «extorsión económica pura y dura», un modus operandi que se ha vuelto endémico en Venezuela. Este sistema de detenciones arbitrarias y exigencias de rescate o bienes ha enriquecido a los jefes de la DGCIM, a tales niveles que el coronel Alexander Granko, uno de los más conocidos por su brutalidad, ha logrado comprarse un equipo de fútbol, evidenciando la corrupción arraigada en las estructuras represivas.
Fernando Noya (33), un estudiante hispanovenezolano, representa la juventud que se atrevió a soñar con un cambio. Su compromiso con la lucha contra la dictadura lo llevó a unirse al grupo de su cuñado, Antonio Sequea, el capitán que jugó un papel clave en la liberación de Leopoldo López durante el intento de golpe de Estado de 2019. La participación de Noya en movimientos opositores, aun siendo indirecta o secundaria, fue suficiente para que el régimen lo considerara un enemigo y lo encarcelara en El Rodeo 1, donde enfrenta un futuro incierto, víctima de su deseo de libertad y justicia para su país.
- El Rodeo 1 es conocido como las «Naciones Unidas» por la diversidad de presos extranjeros y sus condiciones extremas.
- Alejandro González fue detenido por ser exmarido de la activista Rocío San Miguel.
- Uaiparu Guerere fue víctima de una «extorsión económica pura y dura» al regresar a Venezuela para cerrar negocios.
- Fernando Noya fue encarcelado por su vinculación con el capitán Antonio Sequea, implicado en la liberación de Leopoldo López.
El Helicoide y Otros Casos de Persecución Política
El Helicoide, una estructura arquitectónica icónica en Caracas, se ha transformado en el principal centro de detención y tortura del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN). Es una de las cárceles más infames de Venezuela, citada incluso de forma indirecta por figuras internacionales como Donald Trump, lo que subraya su notoriedad global como símbolo de la represión. En El Helicoide y otras prisiones, varios ciudadanos con nacionalidad española o lazos con España han sido encarcelados por motivos políticos, sumándose a la lista de los veinte presos que claman por su libertad. La brutalidad y el secretismo que rodean a El Helicoide lo convierten en un lugar donde los derechos humanos son sistemáticamente violados, y donde la comunidad internacional posa sus ojos en busca de los primeros gestos políticos de una posible transición.
Entre los presos más veteranos se encuentra Jorge Alayeto (54), el decano de los presos españoles, quien fue torturado en 2017 tras ser acusado sin pruebas de una conspiración. Su caso es un testimonio de la cronificación de la persecución política en Venezuela, donde la disidencia es criminalizada de forma sistemática. Un año después, en 2018, fue capturada y también maltratada Ángela Expósito (60), quien dirigía la ONG Fundanimal. Su labor humanitaria, dedicada a cuidar a los perros de los presos políticos (incluidos los del policía rebelde Óscar Pérez), fue interpretada por el régimen como un acto de subversión, demostrando la amplitud de la represión que alcanza incluso a la sociedad civil más apolítica.
El patrón de persecución se extiende a los familiares de figuras consideradas enemigas del régimen. En 2019, María Auxiliadora Delgado (51) cayó en las redes chavistas simplemente por ser hermana de un militar sospechoso para la tiranía. Su detención es un ejemplo flagrante de la política de «castigo colectivo» que busca desmoralizar y anular cualquier forma de oposición, real o percibida, a través de la presión sobre los seres queridos. Estas acciones socavan los principios más básicos del derecho y la justicia, convirtiendo lazos familiares en condenas.
Karen Hernández (39) es otro caso desgarrador; fue condenada a 30 años de prisión en 2020 por su supuesta implicación en el desembarco de la operación Gedeón, un intento fallido de incursión marítima. Las acusaciones en su contra, al igual que en muchos otros casos, carecen de transparencia y pruebas contundentes, lo que sugiere que su condena es una represalia política y una advertencia para otros. Finalmente, Rocío San Miguel (59), una emblemática figura de la sociedad civil venezolana y presidenta de Control Ciudadano, va a sumar dos años en las mazmorras de El Helicoide. Su detención en 2023, acusada de traición a la patria y terrorismo, generó una condena internacional unánime y puso de manifiesto la brutalidad del régimen contra quienes denuncian sus abusos. Su caso, como el de muchos otros, representa la lucha por los derechos humanos y la democracia en Venezuela.
- El Helicoide es un centro de detención del SEBIN, conocido por la tortura y citado internacionalmente.
- Jorge Alayeto, el decano de los presos españoles, fue torturado en 2017.
- Ángela Expósito fue detenida por dirigir una ONG de protección animal vinculada a presos políticos.
- María Auxiliadora Delgado fue encarcelada por ser hermana de un militar sospechoso.
- Karen Hernández fue condenada a 30 años por supuesta implicación en la operación Gedeón.
- Rocío San Miguel, figura emblemática de la sociedad civil, cumple dos años en El Helicoide.
Preguntas Frecuentes
¿Quiénes son los 20 presos políticos españoles en Venezuela?
Son cuatro españoles de origen, ocho hispanovenezolanos y ocho presos con doble nacionalidad. Sus perfiles varían desde supuestos «turistas terroristas» hasta empresarios, periodistas y activistas de la sociedad civil, todos encarcelados bajo acusaciones políticas o pretextos administrativos.
¿Qué es la DGCIM y por qué es relevante?
La DGCIM es la Dirección General de Contrainteligencia Militar, uno de los organismos represivos más crueles del régimen bolivariano. Es relevante porque varios de los presos españoles están bajo su custodia, donde se denuncian torturas y condiciones infrahumanas, y porque sus líderes son acusados de extorsión.
¿Qué es El Helicoide y por qué se le menciona?
El Helicoide es un icónico edificio en Caracas que funciona como centro de detención del SEBIN, conocido por ser un lugar de tortura y violaciones de derechos humanos. Se le menciona por ser un símbolo de la represión y porque figuras internacionales como Donald Trump lo han referenciado indirectamente.
¿Cuál es el papel de José Luis Rodríguez Zapatero en esta situación?
José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno español, es visto como un posible mediador debido a su cercanía con el «nuevo poder bolivariano». Se espera que su influencia pueda facilitar la liberación de los presos, aunque su historial de mediación ha generado opiniones encontradas.
¿Qué son los «turistas terroristas» y quiénes son?
Los «turistas terroristas» son Andrés Martínez Adasme y José María Basoa, dos ciudadanos vascos acusados falsamente de ser agentes españoles con la misión de asesinar a Nicolás Maduro. Fueron capturados en el Amazonas sin pruebas, convirtiéndose en rehenes políticos del régimen.
¿Hay esperanza real de liberación para estos presos?
La esperanza ha resurgido con la «extracción de Nicolás Maduro» y el establecimiento de un «nuevo poder bolivariano», junto con la posible mediación de figuras como Zapatero. Sin embargo, la liberación depende de complejos factores políticos y negociaciones, y las familias siguen con cautela.
Conclusión
La situación de los veinte presos políticos españoles en Venezuela es un crudo recordatorio de la persistente crisis de derechos humanos y la instrumentalización de la justicia en el país caribeño. Las historias de estos cuatro españoles de origen, ocho hispanovenezolanos y ocho ciudadanos con doble nacionalidad, encarcelados en condiciones infrahumanas en centros como la DGCIM, El Rodeo 1 y El Helicoide, reflejan un patrón de represión y extorsión que ha afectado a disidentes, activistas y hasta a sus familiares. Las acusaciones, a menudo sin pruebas, y la falta de un debido proceso, subrayan la urgencia de una intervención internacional efectiva.
Aunque la «extracción de Nicolás Maduro» y la aparición de un «nuevo poder bolivariano» han insuflado una nueva esperanza de liberación, especialmente con la posible mediación de figuras como José Luis Rodríguez Zapatero, la cautela es imperativa. Las familias, que ya han experimentado la desilusión del «batacazo navideño», esperan que esta vez los gestos políticos se traduzcan en acciones concretas y en la ansiada libertad de sus seres queridos. La comunidad internacional y el gobierno español tienen la responsabilidad de mantener la presión y asegurar que, en cualquier proceso de transición, la liberación y reparación de estos presos sea una prioridad ineludible. La dignidad y los derechos de estos ciudadanos no pueden seguir siendo moneda de cambio en el complejo tablero político venezolano.
Palabras clave: presos políticos Venezuela, españoles en mazmorras, DGCIM El Helicoide, Delcy Rodríguez, José Luis Rodríguez Zapatero