El Ministerio de Trabajo ha propuesto un aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) del 3,1% para 2026, elevándolo a 1.221 euros mensuales en catorce pagas, lo que equivale a 17.094 euros anuales. Esta decisión, comunicada este miércoles a los agentes sociales en España, marca un hito al situar el SMI deliberadamente por encima del 60% del salario medio del país, una referencia habitual y recomendación de la Carta Social Europea que hasta ahora se consideraba un umbral. La subida, equivalente a 37 euros, se justifica en parte por la necesidad de preservar el poder adquisitivo de los trabajadores ante la inflación, tomando como base el Índice de Precios al Consumo (IPC) de octubre de 2025, que registró la tasa más alta del año. Este incremento busca asegurar que los perceptores del SMI no vean mermada su capacidad económica.
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El Nuevo Salario Mínimo: Cifras y Contexto
El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha confirmado su intención de incrementar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en un 3,1% para el año 2026. Esta propuesta eleva la cuantía mensual a 1.221 euros en catorce pagas, lo que se traduce en un total de 17.094 euros anuales. El incremento de 37 euros mensuales representa una subida significativa que busca no solo mantener, sino también mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores con rentas más bajas en España. Esta medida se enmarca en la política del Gobierno de asegurar que el SMI actúe como una herramienta efectiva para la cohesión social y la reducción de la desigualdad salarial.
Una de las novedades más destacadas de esta propuesta es que, por primera vez, el Gobierno abandonará de forma deliberada la referencia de situar el Salario Mínimo en el 60% del salario medio del país. Aunque tradicionalmente este porcentaje ha sido un objetivo clave y una recomendación de la Carta Social Europea, la nueva cuantía de 1.221 euros mensuales situará el SMI por encima de este umbral. El Comité de Expertos, que asesora al Ministerio liderado por Yolanda Díaz, ya había anticipado esta posibilidad en su informe, señalando que, bajo ciertas circunstancias, sería razonable superar dicho porcentaje para cumplir con otros objetivos de política económica y social.
Según los cálculos del Comité de Expertos, el salario medio neto a tiempo completo en España se sitúa en 26.297 euros anuales. Para que el Salario Mínimo Interprofesional en términos brutos representara el 60% del salario medio bruto, los expertos habrían recomendado un incremento del 1,8% en 2026, alcanzando los 16.875 euros anuales (1.205 euros al mes). Sin embargo, la decisión final del Gobierno supera esta recomendación, optando por una subida mayor que, si bien excede la proporción del 60%, se justifica en la necesidad de compensar la pérdida de poder adquisitivo acumulada y proyectada.
Un factor crucial que facilita esta subida y atenúa su impacto en las empresas es la confirmación por parte del Ministerio de Hacienda de su disposición a ampliar la deducción aplicada el año pasado en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Esta medida asegura que aquellos perceptores de rentas equivalentes al SMI no tengan que tributar por ellas. De esta forma, se evita que una parte del coste asumido por las empresas para el incremento del SMI revierta a las arcas públicas en forma de impuestos, maximizando así el beneficio directo para los trabajadores.
- El SMI ascenderá a 1.221 euros/mes en 14 pagas (17.094 euros/año).
- La subida del 3,1% representa un incremento de 37 euros mensuales.
- El Gobierno abandona la referencia del 60% del salario medio.
- Hacienda ampliará la deducción en IRPF para no tributar el SMI.
El Abandono del 60% y la Influencia del IPC de Octubre
La decisión de elevar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) por encima del 60% del salario medio representa un cambio significativo en la política de fijación de este indicador. Tradicionalmente, este umbral ha sido un pilar fundamental para el Gobierno y los agentes sociales, en línea con las recomendaciones de la Carta Social Europea. Sin embargo, el Ministerio de Trabajo ha argumentado que, en el contexto económico actual y la evolución de los precios, mantener estrictamente esa referencia no permitiría cubrir la pérdida de poder adquisitivo que los trabajadores han experimentado y seguirán experimentando debido a la inflación.
El propio Comité de Expertos, en su informe de 48 páginas, ya había señalado esta particularidad. Expresaron que «en este caso, y de forma novedosa, el mantenimiento del SMI en el 60% del salario medio neto a tiempo completo no permitiría mantener el poder adquisitivo del mismo». Esta circunstancia, según la comisión, hacía «razonable, en el caso de que se produjera el escenario mencionado (cuantía exenta de IRPF), proceder a un aumento del SMI superior al indicado por el criterio del 60% del salario medio neto». Esta justificación subraya la prioridad de proteger las rentas más bajas frente al encarecimiento de la vida.
Para determinar la magnitud de la subida, el Gobierno ha optado por un incremento del 3,1%, cifra que coincide con la inflación interanual del mes de octubre de 2025. Esta elección ha generado controversia, ya que octubre de 2025 fue, casualmente, el mes con la tasa de inflación más elevada registrada en España durante todo el año. La patronal de empresarios ha criticado esta decisión internamente, calificándola de discrecional y carente de una justificación económica sólida, argumentando que no se alinea ni con la inflación promedio del año pasado (que fue del 2,7%) ni con las previsiones de inflación para 2026, que se sitúan más cerca del 2%.
La peculiaridad de esta elección radica en que el Gobierno ha priorizado la protección del poder adquisitivo a través de un dato de inflación puntual, aunque elevado, en lugar de adherirse estrictamente a la proporción del 60% del salario medio. Este enfoque refleja una voluntad política de ir más allá de las métricas tradicionales para abordar una preocupación social urgente. Sin embargo, también abre el debate sobre la coherencia y predictibilidad en la fijación del SMI, especialmente cuando se abandonan referencias previamente establecidas sin un consenso claro entre todos los agentes implicados.
- El Gobierno prioriza el poder adquisitivo sobre la regla del 60%.
- El Comité de Expertos respaldó superar el umbral del 60% si se exime de IRPF.
- La subida del 3,1% se basa en el IPC de octubre de 2025, el más alto del año.
- La patronal critica la elección por ser discrecional y poco justificada económicamente.
La Carta Social Europea y las Referencias Internacionales
La Carta Social Europea es un tratado del Consejo de Europa que garantiza los derechos sociales y económicos fundamentales, incluyendo el derecho a una remuneración justa. Entre sus recomendaciones, aunque no vinculantes en su aplicación directa de porcentajes, se ha interpretado que un salario mínimo adecuado debería situarse en torno al 60% del salario medio neto de un país. Esta ha sido una referencia clave para muchos gobiernos, incluido el español, en la política de fijación del SMI. La decisión actual de superar deliberadamente este umbral, aunque justificada por la situación inflacionaria, marca un punto de inflexión en la adhesión a esta guía.
El abandono del «mantra» del 60% del salario medio para el SMI genera un debate sobre la flexibilidad de las políticas sociales y económicas frente a las recomendaciones internacionales. Aunque el objetivo de un salario digno es incuestionable, la metodología para alcanzarlo puede variar. La Carta Social Europea busca asegurar que el salario mínimo permita a los trabajadores cubrir sus necesidades básicas y participar en la vida social y cultural. Para más información sobre este tratado, puede consultar la página del Consejo de Europa sobre la Carta Social Europea.
Resulta curioso observar cómo, al mismo tiempo que se abandona la referencia del 60% del salario medio, tampoco se cumple con la recomendación de la directiva europea de salarios mínimos. Esta directiva, aún en proceso de implementación en algunos países, sugiere utilizar como referencia el 50% del salario medio o el 60% del salario mediano. El salario mediano, que es el valor que divide la distribución salarial en dos partes iguales (la mitad de los trabajadores cobra más y la otra mitad menos), tiende a ser más bajo que el salario medio, ya que no se ve tan distorsionado por los salarios extremadamente altos.
La elección de una u otra referencia tiene implicaciones significativas en el nivel del salario mínimo y su impacto en la economía. Si se hubieran seguido las indicaciones de la directiva europea (50% del salario medio o 60% del salario mediano), el incremento necesario para cumplir con estos criterios podría haber sido diferente, probablemente menor en el caso del 50% del salario medio. Esto sugiere que el Gobierno español, en esta ocasión, ha optado por una vía más ambiciosa en la protección de las rentas bajas, priorizando la recuperación del poder adquisitivo por encima de una alineación estricta con todas las métricas internacionales disponibles, creando una política propia que busca responder a las particularidades del contexto nacional.
- La Carta Social Europea recomienda un SMI en torno al 60% del salario medio.
- El Gobierno español ha decidido superar este umbral por razones de poder adquisitivo.
- La directiva europea de salarios mínimos propone el 50% del salario medio o el 60% del mediano.
- La decisión actual muestra una prioridad por la recuperación del poder adquisitivo.
Reacciones de los Agentes Sociales y el Futuro de la Negociación
El incremento del Salario Mínimo Interprofesional es una prerrogativa exclusiva del Ejecutivo, lo que significa que el Gobierno tiene la potestad final para fijar su cuantía. Sin embargo, la legislación exige una consulta previa con los agentes sociales, es decir, las organizaciones sindicales (UGT y CCOO) y las patronales (CEOE y Cepyme). Esta consulta es un pilar fundamental del diálogo social en España, permitiendo que las partes implicadas expresen sus posiciones y negocien posibles acuerdos, aunque la decisión final recaiga en el Gobierno. La intervención del secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez-Rey, al trasladar la intención del Gobierno, es el primer paso oficial en este proceso.
Tras la comunicación de la propuesta gubernamental, se espera que tanto los sindicatos como las organizaciones empresariales consulten con sus respectivos órganos de gobierno para fijar una postura oficial. Es altamente previsible que los sindicatos, UGT y CCOO, apoyen el incremento propuesto. Para ellos, el aumento del SMI es una herramienta esencial para la mejora de las condiciones de vida de los trabajadores, la reducción de la brecha salarial y el impulso de la demanda interna. Su respaldo se alinea con sus demandas históricas de salarios dignos y justos, especialmente en un contexto de inflación.
Por otro lado, es mucho más difícil que las organizaciones empresariales, CEOE y Cepyme, den su visto bueno a la propuesta. La patronal había planteado previamente un incremento mucho más modesto, del 1,5%, y había supeditado cualquier apoyo a que el Gobierno abandonara su intención de eliminar la posibilidad de absorber y compensar los incrementos salariales vía complementos. La absorción y compensación permite a las empresas descontar los aumentos del SMI de otros complementos salariales que ya estuvieran percibiendo los trabajadores, mitigando así el impacto económico para las empresas.
La discrepancia entre las partes subraya la complejidad de la negociación del SMI, que siempre ha sido un punto de tensión entre los intereses de los trabajadores y los de las empresas. Mientras que los sindicatos buscan la máxima protección del poder adquisitivo y el incremento de las rentas bajas, los empresarios alertan sobre los posibles efectos negativos en la competitividad, el empleo y los costes laborales. La ausencia de un acuerdo con la patronal no impedirá que el Gobierno apruebe la subida, pero dejará una vez más la «foto» del acuerdo social incompleta, evidenciando las diferentes visiones sobre cómo abordar la política salarial. Para más información sobre el diálogo social y la legislación laboral en España, puede consultar el Ministerio de Trabajo y Economía Social.
- La fijación del SMI es prerrogativa del Ejecutivo, previa consulta con agentes sociales.
- Se espera el apoyo de los sindicatos UGT y CCOO al incremento propuesto.
- Las patronales CEOE y Cepyme probablemente rechazarán la subida.
- La patronal había propuesto un 1,5% y condicionaba su apoyo a mantener la absorción y compensación de complementos.
Preguntas Frecuentes
¿A cuánto ascenderá el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en 2026?
El SMI propuesto para 2026 será de 1.221 euros mensuales en 14 pagas, lo que suma un total de 17.094 euros anuales. Este incremento del 3,1% busca mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores, superando la referencia tradicional del 60% del salario medio.
¿Por qué el Gobierno ha decidido subir el SMI por encima del 60% del salario medio?
El Gobierno ha justificado esta decisión en la necesidad de compensar la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores debido a la inflación. El Comité de Expertos ya había señalado que mantener estrictamente el 60% no permitiría cubrir esa pérdida, haciendo razonable un incremento superior si se exime de IRPF.
¿Qué referencia se utilizó para calcular el 3,1% de subida del SMI?
La cifra del 3,1% corresponde a la tasa de inflación interanual (IPC) de octubre de 2025. Esta elección ha sido criticada por la patronal, ya que fue la más alta del año y no coincide con la inflación promedio anual ni con las previsiones para 2026.
¿Qué impacto tendrá en el IRPF la subida del SMI?
El Ministerio de Hacienda ha confirmado que ampliará la deducción en el IRPF para que los perceptores del nuevo SMI no tengan que tributar por él. Esto asegura que la totalidad del incremento beneficie directamente a los trabajadores, evitando que parte del coste vaya a las arcas públicas.
¿Qué opinan los agentes sociales sobre la propuesta de subida del SMI?
Se espera que los sindicatos (UGT y CCOO) apoyen la propuesta, ya que defiende el poder adquisitivo. Sin embargo, es muy probable que las organizaciones empresariales (CEOE y Cepyme) la rechacen, pues habían propuesto un incremento del 1,5% y condicionaban su apoyo a mantener la absorción y compensación.
¿Qué dice la Carta Social Europea sobre el Salario Mínimo?
La Carta Social Europea recomienda que el salario mínimo se sitúe en torno al 60% del salario medio de un país para asegurar un nivel de vida digno. La propuesta actual del Gobierno español supera esta referencia, enfocándose en la recuperación del poder adquisitivo.
Conclusión
La propuesta del Gobierno de incrementar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 1.221 euros mensuales para 2026 representa un paso significativo en la política de protección de las rentas más bajas en España. Al optar por una subida del 3,1%, basada en el IPC de octubre de 2025, el Ejecutivo prioriza la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores frente a la inflación, incluso si ello implica superar deliberadamente la tradicional referencia del 60% del salario medio, recomendación de la Carta Social Europea. Esta decisión, respaldada por el Comité de Expertos y facilitada por la exención fiscal del IRPF, busca maximizar el impacto directo del incremento en los bolsillos de los perceptores.
Si bien la medida cuenta con el previsible apoyo de los sindicatos, ha generado un claro rechazo por parte de las organizaciones empresariales, que la consideran discrecional y económicamente injustificada, proponiendo un incremento mucho menor y condicionando su visto bueno a la posibilidad de absorber y compensar los aumentos salariales. Este escenario de desacuerdo subraya la complejidad de equilibrar las necesidades de los trabajadores con las preocupaciones de las empresas en el actual contexto económico.
De cara al futuro, la implementación de este nuevo SMI sentará un precedente importante en la política salarial del país. El abandono de la métrica del 60% del salario medio y la elección de un IPC puntual y elevado como referencia abren el debate sobre la flexibilidad y los criterios que guiarán futuras revisiones. La medida reafirma el compromiso del Gobierno con la mejora de las condiciones laborales y la cohesión social, aunque también plantea desafíos en la búsqueda de consensos con todos los agentes sociales.
Palabras clave: Salario Mínimo Interprofesional, SMI 2026, IPC octubre 2025, 60% salario medio, Carta Social Europea