Jueza Dana: Cita a Generalitat por avalar confinamiento negado

La jueza de Catarroja, a cargo de la investigación sobre la trágica gestión de la DANA del 29 de octubre de 2024 que dejó 230 víctimas mortales en la provincia de Valencia, ha ordenado la citación como testigos de figuras clave en la Abogacía de la Generalitat y del subdirector general de la Conselleria de Justicia, Ricardo García. Esta decisión, plasmada en un auto de este miércoles, responde a la solicitud de una de las acusaciones para esclarecer las conversaciones y el asesoramiento jurídico brindado en torno a un posible confinamiento de la población. La magistrada subraya que un informe reciente de la Abogacía, con fecha del 26 de diciembre de 2025, contradice directamente las declaraciones previas de José Manuel Cuenca, ex jefe de Gabinete del expresidente Carlos Mazón, quien había negado la viabilidad de tal medida. La investigación busca determinar si este asesoramiento y las subsiguientes comunicaciones influyeron en un retraso crucial en el envío del sistema de alertas Es-Alert.

Impacto de la DANA: La Jueza de Catarroja Profundiza la Investigación

La investigación judicial en torno a la gestión de la devastadora DANA que asoló la provincia de Valencia el 29 de octubre de 2024, dejando un saldo de 230 víctimas mortales, entra en una fase crítica con las últimas diligencias ordenadas por la jueza de Catarroja. La magistrada ha decidido ampliar el círculo de testigos, convocando a figuras relevantes de la Abogacía de la Generalitat y a un alto cargo de la Conselleria de Justicia, en un intento por desentrañar la compleja cadena de decisiones y asesoramientos que se produjeron en las horas previas y durante la catástrofe.

Esta nueva fase se centra específicamente en las comunicaciones y el soporte jurídico que se ofreció respecto a la posibilidad de decretar un confinamiento de la población. La petición para estas nuevas citaciones provino de una de las acusaciones personadas en la causa, que busca identificar a los abogados de la Generalitat que, entre las 19:45 y 20:00 horas del día de la DANA, habrían asesorado sobre esta medida y su impacto en el proceso de toma de decisiones para proteger a los ciudadanos.

La jueza considera «procedentes» y «relevantes» estas nuevas declaraciones, que incluyen al abogado coordinador de la Abogacía de la Generalitat en la Conselleria de Justicia en aquel momento, al Abogado General de la Generalitat, y al subdirector general del departamento que dirigía Salomé Pradas, Ricardo García. Estos testimonios son vistos como cruciales para contrastar la información existente y esclarecer si hubo omisiones o decisiones inadecuadas que pudieron haber agravado las consecuencias de la DANA.

La relevancia de estas citaciones radica en que buscan arrojar luz sobre un aspecto fundamental de la gestión de la emergencia: la consideración de medidas drásticas como el confinamiento y cómo el asesoramiento legal pudo haber influido en su implementación o descarte. La magistrada persigue una comprensión completa de los hechos, especialmente en lo que respecta a la coordinación entre las distintas instancias de la Generalitat y la rapidez en la respuesta ante la inminente tragedia.

• La investigación se centra en la gestión de la DANA del 29 de octubre de 2024.
• La jueza ha ordenado citar a abogados de la Generalitat y a Ricardo García, subdirector general de Justicia.
• El objetivo es esclarecer el asesoramiento jurídico sobre un posible confinamiento.

Abogacía de la Generalitat: Un Informe que Contradice Testimonios Clave

Uno de los pilares de la decisión de la jueza de Catarroja es un informe aportado a la causa por la Abogacía de la Generalitat, con fecha del 26 de diciembre de 2025. Este documento se ha convertido en una pieza central de la investigación, ya que, según la magistrada, «contradice» directamente las declaraciones previas de José Manuel Cuenca, quien fuera jefe de Gabinete del expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón. La discrepancia radica en el alcance y la naturaleza del asesoramiento jurídico brindado durante las horas críticas de la DANA.

El informe de la Abogacía detalla que, si bien no se recibió ninguna consulta escrita oficial el 29 de octubre de 2024 por parte de altos cargos de las consellerias de Justicia, Interior, Medio Ambiente o Presidencia, sí hubo «llamadas telefónicas de corta duración» relacionadas con el fenómeno meteorológico. En una de estas llamadas, el entonces subsecretario de la Conselleria de Justicia e Interior contactó con el abogado coordinador de la Abogacía en ese departamento para preguntar si un eventual confinamiento «tendría soporte jurídico», a lo que el abogado de la Generalitat respondió «afirmativamente».

Además, el informe menciona otra llamada crucial: Cayetano García, entonces secretario autonómico de Presidencia y cuya citación como testigo ya estaba acordada para el 22 de enero, contactó al Abogado General de la Generalitat para «avisarle de la posibilidad» de que la consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, necesitara un informe jurídico sobre un posible confinamiento. El Abogado General manifestó su disponibilidad. Sin embargo, el informe concluye que «después de estas llamadas no se recibió ninguna petición de informe ni solicitud adicional, ni verbalmente, ni por escrito».

La jueza resalta la importancia de estas revelaciones, ya que contrastan con la versión de Cuenca, quien afirmó que sus mensajes a la exconsellera Pradas desaconsejando el confinamiento se basaban en supuestas manifestaciones del Abogado de la Generalitat que le habría transmitido Cayetano García. Este informe, por tanto, pone en tela de juicio la base de las decisiones y comunicaciones de altos cargos en un momento de crisis extrema, sugiriendo que el asesoramiento jurídico pudo haber sido malinterpretado o utilizado de forma selectiva.

La necesidad de las nuevas citaciones se hace evidente para la magistrada, quien busca que los abogados y el subdirector general confirmen o desmientan los detalles de este informe y su interacción con los responsables políticos. La clarificación de estos puntos es esencial para determinar si la información jurídica se manejó adecuadamente y si influyó en la respuesta de las autoridades ante la emergencia.

• El informe de la Abogacía contradice las declaraciones de José Manuel Cuenca.
• Se confirman llamadas telefónicas donde se avaló verbalmente el soporte jurídico a un confinamiento.
• No hubo solicitudes de informes escritos tras las llamadas, según el informe.

El Debate sobre el Confinamiento: Asesoramiento Jurídico y Retrasos del Es-Alert

El posible confinamiento de la población durante la DANA del 29 de octubre de 2024 se ha erigido como uno de los puntos más controvertidos de la investigación. La jueza busca esclarecer si la discusión sobre esta medida, y el asesoramiento jurídico recibido, pudo haber generado un retraso crítico en el envío del sistema de alertas Es-Alert, una herramienta fundamental para la protección ciudadana en situaciones de emergencia. La ventana de tiempo entre las 19:45 y 20:00 horas, cuando se produjeron las consultas a la Abogacía, es particularmente relevante.

Según el relato de los hechos, el entonces subsecretario de la Conselleria de Justicia e Interior preguntó al abogado coordinador de la Abogacía si un confinamiento tendría «soporte jurídico», recibiendo una respuesta «afirmativa». Esta confirmación, aunque verbal y sin una solicitud formal de informe, sugiere que la opción del confinamiento fue seriamente considerada y que existía una base legal para ello. La cuestión ahora es cómo esta información fue comunicada y procesada por los responsables políticos.

La acusación ha argumentado que el debate y el asesoramiento sobre el confinamiento «conllevó un retraso del envío del Es-Alert». Este sistema, diseñado para alertar masivamente a la población ante riesgos inminentes, es crucial para salvar vidas. Un retraso en su activación, si se demuestra su vínculo con la deliberación sobre el confinamiento, podría implicar una grave negligencia en la gestión de la emergencia. La jueza investiga si la indecisión o la confusión generada por el asesoramiento legal contribuyó a esta demora.

La complejidad de la situación radicaba en la falta de precedentes y en la rapidez con la que se desarrollaban los acontecimientos. La decisión de confinar a una población entera requiere un análisis jurídico y logístico exhaustivo. Sin embargo, en una emergencia como la DANA, cada minuto cuenta. La investigación busca determinar si la búsqueda de un «soporte jurídico» se realizó de forma eficiente y si las conclusiones fueron claras y oportunas para permitir una toma de decisiones ágil y efectiva.

Las citaciones a los abogados y al subdirector general son vitales para reconstruir con precisión cómo se manejó la información sobre el confinamiento y si esta gestión tuvo un impacto directo en la capacidad de la Generalitat para proteger a sus ciudadanos mediante sistemas de alerta temprana. La verdad sobre este posible retraso podría ser clave para determinar responsabilidades en la tragedia.

• El debate sobre el confinamiento se vincula con un posible retraso en el envío del Es-Alert.
• Un abogado de la Generalitat avaló verbalmente el soporte jurídico para la medida.
• Se busca esclarecer si la deliberación sobre el confinamiento afectó la rapidez de las alertas.

José Manuel Cuenca y Cayetano García: Testimonios Bajo Escrutinio Judicial

Las declaraciones de José Manuel Cuenca, ex jefe de Gabinete del expresidente Carlos Mazón, y Cayetano García, entonces secretario autonómico de Presidencia, se encuentran ahora bajo un intenso escrutinio judicial a raíz del informe de la Abogacía de la Generalitat. La jueza ha señalado explícitamente cómo este informe «contradice» las manifestaciones de Cuenca, quien había justificado sus mensajes a la exconsellera Salomé Pradas desaconsejando el confinamiento basándose en supuestas comunicaciones de la Abogacía transmitidas por García.

Cuenca había declarado que a las 19:54 horas del 29 de octubre, envió a Pradas el mensaje: «Salo. De confinar nada por favor. Calma». Según su versión, estos mensajes se fundamentaban en las «supuestas manifestaciones del Abogado de la Generalitat» que le habría trasladado Cayetano García. La implicación es que el asesoramiento jurídico de la Abogacía habría desaconsejado el confinamiento, lo que Cuenca habría transmitido a Pradas, influyendo en la decisión de no adoptar la medida.

Sin embargo, el informe de la Abogacía, suscrito por el Abogado General de la Generalitat, ofrece una narrativa diferente. Habla únicamente de «dos llamadas cortas» en las que se consultó sobre la viabilidad jurídica del confinamiento, y en una de ellas se afirmó que un eventual confinamiento «tendría soporte jurídico» (es decir, se avalaba la medida, no se desaconsejaba). Esta discrepancia es crucial, ya que sugiere que la información manejada por Cuenca podría no haber sido precisa o que hubo una interpretación errónea del asesoramiento legal.

Cayetano García, cuya citación como testigo ya estaba prevista, adquiere ahora un papel aún más central. Su testimonio será fundamental para aclarar qué información recibió de la Abogacía y qué comunicó a Cuenca, y si hubo algún tipo de malentendido o distorsión en la cadena de información. La jueza busca determinar si la versión de Cuenca se sostiene frente a la evidencia del informe y los testimonios de los abogados de la Generalitat.

El objetivo es reconstruir la cadena de comunicación y decisión, identificando dónde pudo haberse producido la discrepancia y qué impacto tuvo en la respuesta oficial a la DANA. La credibilidad de los testimonios de Cuenca y García, y su concordancia con el informe de la Abogacía, serán elementos clave para la jueza a la hora de establecer las responsabilidades en la gestión de la emergencia.

• El informe de la Abogacía contradice la justificación de José Manuel Cuenca para desaconsejar el confinamiento.
• Cuenca envió mensajes a Salomé Pradas basándose en supuestas comunicaciones de la Abogacía vía Cayetano García.
• El testimonio de Cayetano García será crucial para esclarecer la cadena de información.

Preguntas Frecuentes

Conclusión: Hacia la Clarificación de Responsabilidades

La decisión de la jueza de Catarroja de citar a los abogados de la Generalitat y a un cargo clave de la Conselleria de Justicia marca un punto de inflexión en la investigación sobre la gestión de la DANA de octubre de 2024. Este paso subraya la determinación de la justicia para esclarecer cada detalle de la respuesta institucional ante una tragedia que cobró 230 vidas. La existencia de un informe de la Abogacía que contradice testimonios previos de altos cargos, como José Manuel Cuenca, introduce nuevas complejidades y la necesidad imperante de desvelar la verdad sobre cómo se manejó la información y el asesoramiento jurídico en un momento de crisis extrema.

El foco en el debate sobre el confinamiento y su posible impacto en el retraso del sistema de alertas Es-Alert es crucial. La claridad sobre si hubo una base legal para el confinamiento, cómo se comunicó esta información y si las decisiones políticas se tomaron con la celeridad y precisión necesarias, será fundamental para determinar responsabilidades. La investigación no solo busca culpables, sino también extraer lecciones valiosas para mejorar la capacidad de respuesta ante futuras emergencias, garantizando que los mecanismos de protección ciudadana funcionen de manera óptima y sin fisuras.

Los próximos testimonios de los abogados y del subdirector general serán decisivos para reconstruir la cronología de los acontecimientos y contrastar las versiones ofrecidas hasta ahora. La transparencia y la rendición de cuentas son esenciales para las víctimas y para la sociedad valenciana en su conjunto. Este proceso judicial, aunque doloroso, es un paso necesario hacia la justicia y la mejora de la gobernanza en situaciones de desastre natural, buscando asegurar que una tragedia de tal magnitud no se repita y que la confianza en las instituciones se restaure.

Palabras clave: DANA Valencia, investigación judicial, confinamiento, Abogacía Generalitat, Es-Alert