Un reciente informe de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), organismo dependiente del Gobierno, ha otorgado un inesperado alivio a la Casa de Alba en la compleja batalla legal por sus pozos ilegales en la finca Aljobar, ubicada en Aznalcázar, Doñana. El documento gubernamental ha minimizado drásticamente el impacto económico del daño al dominio público hidráulico, estimándolo en apenas 84.629,75 euros. Esta cifra contrasta de forma abismal con los más de seis millones de euros que el Seprona de la Guardia Civil había calculado previamente, lo que podría reconfigurar el curso de la investigación judicial que ya ha imputado a Luis Martínez de Irujo y amenaza a otros miembros de la familia aristócrata.
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El informe de la CHG: Una tabla de salvación para la Casa de Alba
El informe técnico elaborado por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) representa un giro significativo en la investigación sobre los pozos ilegales de la Casa de Alba en Doñana. Este documento, firmado por el jefe de área, Antonio Santos, y el jefe del Servicio de Control y Vigilancia, se presenta como una «enmienda a la totalidad» del informe previo del Seprona, desinflando considerablemente las estimaciones de daño y volumen de agua sustraída. La CHG calcula que el agua robada ascendió a 705.247,90 metros cúbicos, una cantidad diez veces menor que la estimada por la Guardia Civil.
La valoración económica del daño al dominio público hidráulico es el punto más controvertido. Mientras el Seprona había cifrado el valor del agua sustraída en más de seis millones de euros, los técnicos de la CHG lo sitúan en apenas 84.629,75 euros. Esta diferencia, de unas 70 veces inferior, es crucial para la defensa de la familia aristócrata, ya que podría mitigar la gravedad de las acusaciones en el plano económico, aunque el informe de la CHG se limita a cuantificar el daño al dominio público hidráulico y no entra a valorar el daño ambiental general, sobre el cual declara no tener competencias.
La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir es el organismo público encargado de la gestión del agua en su cuenca, y sus informes técnicos suelen tener un peso considerable en los procedimientos judiciales relacionados con el uso del agua. Sin embargo, en este caso, su evaluación entra en conflicto directo con las conclusiones de la Fiscalía de Medio Ambiente y el Seprona, quienes señalan a los Alba como responsables de un «grave daño ambiental» en una zona de especial protección como Doñana. Este contraste de criterios entre organismos gubernamentales añade una capa de complejidad a un caso ya de por sí delicado.
La publicación de este informe ha sido interpretada por muchos como una «tabla de salvación» para los herederos de la duquesa de Alba, quienes se enfrentan a una investigación judicial que podría tener serias consecuencias. La abogacía de la familia ya ha comenzado a utilizar este informe para tratar de desvincular a algunos de los miembros de la familia de la gestión directa de la finca y, por ende, de la responsabilidad penal. El debate técnico sobre la cuantificación del daño y la atribución de responsabilidades está lejos de concluir y promete ser un eje central en las próximas fases del proceso.
- El informe de la CHG estima el daño económico en 84.629,75 euros.
- La cantidad de agua sustraída se calcula en 705.247,90 metros cúbicos, diez veces menos que la estimación inicial.
- El documento no evalúa el daño ambiental general, solo el impacto en el dominio público hidráulico.
- Contradice directamente las estimaciones del Seprona y la Fiscalía de Medio Ambiente.
Discrepancia de cifras: Un abismo entre organismos
La investigación sobre los pozos ilegales de la Casa de Alba en Doñana ha puesto de manifiesto una profunda discrepancia en la valoración del daño causado por la extracción de agua subterránea. Los peritos del instituto armado, en sus informes previos, habían cifrado el agua robada entre 3,8 y 6,6 hectómetros cúbicos, lo que se traducía en un valor económico superior a los seis millones de euros. Esta cuantificación sentó las bases para las contundentes acusaciones de la Fiscalía de Medio Ambiente, que resaltaba la gravedad de la actuación de los descendientes de Cayetana de Alba.
Sin embargo, el reciente informe de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) ha desinflado estas cifras de manera drástica. La CHG asegura que la cantidad de agua sustraída fue de 705.247,90 metros cúbicos, lo que equivale a aproximadamente 0,7 hectómetros cúbicos. Esta nueva estimación es significativamente menor que la más baja de las proyecciones del Seprona, lo que cambia por completo el panorama de la acusación. La disminución no solo afecta al volumen de agua, sino, y de manera más impactante, a su valoración económica.
La diferencia en la metodología de cálculo entre ambos organismos no ha sido detallada en la información disponible, pero las implicaciones son evidentes. Una valoración de 84.629,75 euros, frente a los más de seis millones, podría cambiar la tipificación del delito o la magnitud de las sanciones. Para el Seprona y la Fiscalía, la extracción masiva de agua en una zona sensible como Doñana representaba un «grave daño ambiental» y un «beneficio ilegalmente obtenido» de gran envergadura. El informe de la CHG, al reducir estas cifras, podría debilitar la percepción de gravedad del delito.
Esta dicotomía entre las evaluaciones de diferentes entidades gubernamentales genera un escenario complejo para el Juzgado de Instrucción 1 de Sanlúcar la Mayor, que investiga el caso. El juez deberá ponderar ambos informes y determinar cuál de las valoraciones es la más precisa y ajustada a la realidad de los hechos y la normativa. La credibilidad de los informes y la solidez de sus metodologías serán clave en la resolución de esta controversia, que va más allá de un simple cálculo económico para tocar la esencia de la protección ambiental en España.
- El Seprona estimó entre 3,8 y 6,6 hectómetros cúbicos de agua robada, valorados en más de 6 millones de euros.
- La CHG reduce la estimación a 705.247,90 metros cúbicos (0,7 hm³), valorándolos en 84.629,75 euros.
- La diferencia en volumen de agua es de hasta diez veces, y en coste económico, 70 veces.
- Esta discrepancia es central para la acusación y la defensa en el proceso judicial.
Los pozos ilegales de Aljobar y las implicaciones familiares
La finca Aljobar, propiedad de la sociedad Eurotécnica Agraria S.A., cuyos socios son los hijos de la difunta duquesa de Alba, Cayetana Fitz James Stuart, se encuentra en el epicentro de esta polémica. Según el informe de la CHG, en esta propiedad se regaron con agua extraída de pozos ilegales un total de 153 hectáreas de naranjos y 20,89 hectáreas de olivar intensivo. Para estas superficies, el consumo de agua del acuífero ascendió a 686.212,62 metros cúbicos para los naranjos y 19.035,28 metros cúbicos para los olivos, sumando un total de 705.247,90 metros cúbicos.
La investigación judicial, a cargo del Juzgado de Instrucción 1 de Sanlúcar la Mayor, ya ha avanzado con la imputación de Luis Martínez de Irujo, hijo de Alfonso Martínez de Irujo y duque de Aliaga. El auto de imputación, emitido en febrero de este año, señalaba la existencia de ocho pozos no autorizados en la finca, los cuales habían sido precintados previamente por la autoridad administrativa y, supuestamente, volvieron a ser utilizados «sin haber sido legalizados ni estar dotados de los preceptivos contadores volumétricos». Estos hechos fueron considerados constitutivos de un posible delito contra el medio ambiente.
Más allá de Luis Martínez de Irujo, la investigación amenaza con extenderse a otros cuatro de los hijos de la duquesa de Alba: Alfonso, Cayetano, Fernando y Eugenia Martínez de Irujo, en su calidad de propietarios y socios de Eurotécnica Agraria. En un intento por protegerlos de futuras imputaciones, el abogado de la empresa familiar ha argumentado ante el juez que ninguno de ellos tenía conocimiento ni participación directa en la gestión de la explotación agrícola. Según esta línea de defensa, la responsabilidad exclusiva recaía en Luis Martínez de Irujo, quien era el encargado de la gestión.
Esta estrategia legal busca contrarrestar la contundencia de la Fiscalía, que ha venido destacando la gravedad de la actuación de los descendientes de Cayetana de Alba, basándose en el extenso informe del Seprona de diciembre de 2024. Dicho informe no solo cifraba el agua robada en cantidades muy superiores, sino que también valoraba el beneficio ilegalmente obtenido por los propietarios de Aljóbar. La finca Aljobar, situada en el término municipal de Aznalcázar, forma parte de un entorno natural de gran valor y sensibilidad, añadiendo una dimensión crítica a la extracción ilegal de agua. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, como organismo regulador, juega un papel crucial en la gestión de estos recursos.
- 153 hectáreas de naranjos y 20,89 hectáreas de olivar intensivo fueron regadas con agua ilegal.
- Luis Martínez de Irujo ha sido imputado por un posible delito contra el medio ambiente.
- La investigación amenaza a Alfonso, Cayetano, Fernando y Eugenia Martínez de Irujo.
- La defensa alega que los hermanos no tenían conocimiento ni participación en la gestión de la finca.
El acuífero de Doñana: Un recurso compartido bajo presión
La polémica de los pozos ilegales de la Casa de Alba no es un caso aislado, sino que se inscribe en un contexto más amplio de sobreexplotación del acuífero de Doñana, un recurso hídrico vital para uno de los humedales más importantes de Europa. El informe de la CHG, además de minimizar el daño económico, introduce un argumento clave para la defensa de los Alba: el acuífero del que extraían agua sus pozos ilegales surte a un «buen puñado de explotaciones agrícolas de la zona», además de a la finca Aljobar. Este argumento busca diluir la responsabilidad exclusiva de los Fitz James Stuart en la pérdida de masa del acuífero.
Esta perspectiva choca con la postura de la Fiscalía y el Seprona, que han señalado la actuación de la familia como un «grave daño ambiental» en un ecosistema frágil y protegido. El Parque Nacional de Doñana, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, depende críticamente de la salud de sus acuíferos para mantener su biodiversidad única. La extracción ilegal y la sobreexplotación de agua son amenazas constantes que ponen en peligro la supervivencia de especies y hábitats protegidos.
El informe de la CHG, al limitarse a cuantificar los efectos únicamente en el dominio público hidráulico y no entrar a valorar el daño ambiental general, ha sido objeto de críticas por parte de grupos ecologistas y defensores del medio ambiente. La distinción entre el daño económico al recurso hídrico y el impacto ecológico global es un punto de fricción. Para muchos, la merma de un acuífero en una zona como Doñana tiene consecuencias que van mucho más allá de una simple valoración monetaria del agua sustraída.
La situación de Doñana ha sido una preocupación constante a nivel nacional e internacional. La proliferación de pozos ilegales y la presión agrícola sobre los recursos hídricos han llevado a la Unión Europea a advertir a España sobre la necesidad de proteger este espacio natural. El caso de la Casa de Alba se convierte, así, en un símbolo de la tensión entre los intereses agrícolas y la conservación ambiental, y la resolución judicial sentará un precedente importante para la gestión futura de los recursos hídricos en la región. El concepto de Dominio Público Hidráulico es fundamental en este debate.
- El acuífero de Doñana es un recurso compartido por múltiples explotaciones agrícolas.
- La CHG argumenta que la pérdida de masa del acuífero no puede atribuirse exclusivamente a Aljobar.
- La Fiscalía y el Seprona consideran la extracción un «grave daño ambiental» en un ecosistema frágil.
- La gestión del agua en Doñana es un tema de preocupación nacional e internacional debido a su valor ecológico.
Preguntas Frecuentes
¿Cuál es la principal discrepancia entre los informes de la CHG y el Seprona?
La principal discrepancia radica en la valoración económica del daño. El Seprona estimó el valor del agua robada en más de seis millones de euros, mientras que la CHG lo calcula en apenas 84.629,75 euros, una diferencia de aproximadamente 70 veces.
¿Quiénes son los miembros de la Casa de Alba implicados en la investigación?
Luis Martínez de Irujo, nieto de la duquesa de Alba, ya está imputado. La investigación judicial amenaza también a otros hijos de la duquesa: Alfonso, Cayetano, Fernando y Eugenia Martínez de Irujo, como propietarios y socios de la empresa Eurotécnica Agraria.
¿Qué tipo de cultivos se regaban con el agua extraída ilegalmente?
En la finca Aljobar, propiedad de la Casa de Alba, se regaron 153 hectáreas de naranjos y 20,89 hectáreas de olivar intensivo utilizando agua obtenida de los pozos ilegales, según el informe de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
¿Por qué el informe de la CHG minimiza el daño económico?
El informe de la CHG calcula un volumen de agua sustraída diez veces menor que el Seprona. Además, se limita a cuantificar el daño al dominio público hidráulico, sin entrar a valorar el «daño ambiental» general, lo que resulta en una cifra económica mucho menor.
¿Qué argumento utiliza la CHG para cuestionar la atribución exclusiva de la pérdida de masa del acuífero?
La CHG señala que el acuífero de donde extraían agua los pozos ilegales de Aljobar surte a múltiples explotaciones agrícolas de la zona. Por tanto, no se puede atribuir exclusivamente a la propiedad de los Fitz James Stuart la pérdida de masa del acuífero.
¿Qué es el Dominio Público Hidráulico?
El Dominio Público Hidráulico (DPH) comprende las aguas continentales, tanto superficiales como subterráneas, los cauces de los ríos, los lechos de lagos y lagunas, y los acuíferos. Es un bien de titularidad pública inalienable e imprescriptible gestionado por el Estado para el interés general.
Conclusión
El informe de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha introducido un elemento de considerable relevancia en el caso de los pozos ilegales de la Casa de Alba en Doñana. Al reducir drásticamente las estimaciones de daño económico y volumen de agua sustraída, este documento podría ofrecer una «tabla de salvación» para la familia aristócrata, mitigando la gravedad de las acusaciones iniciales del Seprona y la Fiscalía. La discrepancia entre organismos gubernamentales subraya la complejidad de valorar el impacto ambiental y económico en un ecosistema tan frágil como Doñana, donde la sobreexplotación de acuíferos es una preocupación constante.
La investigación judicial continuará en el Juzgado de Instrucción 1 de Sanlúcar la Mayor, que ahora deberá ponderar los informes contradictorios y determinar las responsabilidades finales. La defensa de la Casa de Alba utilizará este nuevo informe para intentar desvincular a algunos de sus miembros, mientras que la Fiscalía seguirá defendiendo la gravedad del daño ambiental. Este caso no solo es una batalla legal por el agua, sino también un reflejo de la tensión entre el desarrollo agrícola y la conservación de espacios naturales protegidos, con implicaciones que van más allá de la finca Aljobar y afectan al futuro de uno de los ecosistemas más valiosos de Europa. La resolución sentará un precedente importante para la protección del Dominio Público Hidráulico en España.
Palabras clave: pozos ilegales Doñana, Casa de Alba, Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Seprona, daño ambiental