Dos guardias civiles, José Diego de Alba González de 44 años y Vanesa Fernández Gómez de 38, han sido galardonados con el prestigioso Premio Servicios Humanitarios de la Guardia Civil en 2025 por su excepcional investigación que puso fin a años de acoso y odio contra una madre y su hijo con discapacidad en Torres de la Alameda, Madrid. Su labor incansable no solo culminó con la detención de dos jóvenes por lesiones, daños y un delito de odio por aporofobia, sino que también devolvió la paz y la seguridad a una familia que vivía bajo constante amenaza desde 2008. Este reconocimiento, entregado el pasado diciembre, subraya la importancia de visibilizar la protección de víctimas vulnerables y la dedicación de los agentes en casos que rara vez trascienden al público.
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Un Premio a la Dedicación y el Humanitarismo
La noticia de la condecoración llegó a José Diego de Alba González y Vanesa Fernández Gómez de manera inesperada, a través de un correo interno una semana antes de la ceremonia. Ambos agentes, tras una primera reacción de sorpresa, reconocieron sentir una mezcla de orgullo y pudor. «No nos lo esperábamos en absoluto», afirmaron, reflejando la humildad característica de quienes ven su trabajo como un deber y no como una búsqueda de reconocimiento. Este galardón, otorgado por la Fundación Guardia Civil en Madrid el pasado mes de diciembre, no solo honra su labor individual, sino que también arroja luz sobre un tipo de investigaciones que, a menudo, quedan en la sombra del ámbito judicial y operativo.
El Premio Servicios Humanitarios de la Guardia Civil destaca la importancia de actuaciones que, más allá de la estricta aplicación de la ley, tienen un profundo impacto social y humanitario. En este caso, el reconocimiento visibiliza la dedicación de la Benemérita a la protección de las víctimas más vulnerables de la sociedad, aquellas que por sus circunstancias personales, como la discapacidad o la situación de desamparo, son blanco fácil de la intolerancia y el odio. La labor de Diego y Vanesa es un testimonio de cómo la empatía y la perseverancia pueden restaurar la dignidad y la seguridad en la vida de quienes han sido brutalmente atacados.
Para la Guardia Civil, este premio no es solo un motivo de orgullo, sino también un recordatorio de su compromiso constante con la ciudadanía. La institución busca inspirar a sus miembros a ir más allá de sus funciones básicas, promoviendo valores como la solidaridad, la asistencia y la protección de los derechos humanos. La historia de la madre y su hijo en Torres de la Alameda se convierte así en un ejemplo paradigmático de cómo la intervención decidida y humana de la Guardia Civil puede cambiar radicalmente el destino de una familia.
La distinción también sirve para poner en valor la complejidad y la sensibilidad que requieren las investigaciones de delitos de odio. Estos crímenes, motivados por prejuicios y discriminación, no solo afectan a las víctimas directas, sino que socavan los cimientos de la convivencia social. La capacidad de los agentes para entender la dinámica del acoso, la vulnerabilidad de las víctimas y la necesidad de una respuesta rápida y efectiva, fue crucial para el éxito de la operación y para el posterior reconocimiento de su labor.
- Reconocimiento inesperado: Los agentes se mostraron sorprendidos y humildes ante el galardón.
- Visibilidad necesaria: El premio resalta investigaciones sensibles que protegen a víctimas vulnerables.
- Impacto humanitario: Destaca la dimensión social y humana del trabajo policial.
- Compromiso institucional: Subraya el valor de la Guardia Civil en la protección de derechos y la lucha contra el odio.
El Origen de una Investigación Crucial
La operación que culminó con el galardón de los agentes José Diego de Alba y Vanesa Fernández se inició en el verano de 2025, de una manera que inicialmente no revelaba la magnitud del drama subyacente. La unidad fue activada por un incendio en una vivienda en Torres de la Alameda, un municipio de la Comunidad de Madrid. Lo que podría haber sido un incidente aislado, pronto reveló ser la punta del iceberg de una situación de acoso y hostigamiento prolongado, una realidad aterradora para una familia que vivía en la sombra del miedo.
Durante la primera inspección tras el incendio, los agentes no lograron localizar a la familia residente. Sin embargo, los daños visibles en la propiedad y el registro de incidentes previos en la misma dirección encendieron las alarmas. Este patrón de eventos llevó al equipo a tomar la decisión de abrir diligencias de investigación de oficio, una medida proactiva que demostró ser fundamental. La intuición y la experiencia de los agentes les indicaron que había algo más allá de un simple incendio, algo que requería una investigación más profunda y sistemática.
Al revisar las actuaciones previas y analizar el contexto del domicilio, los investigadores descubrieron un historial alarmante de ataques y hostigamiento repetido. Lo más impactante fue la constatación de que hechos similares se venían documentando desde el año 2008, lo que indicaba una década de sufrimiento y persecución silenciosa para la familia. Esta revelación transformó la naturaleza de la investigación, elevándola de un caso de daños materiales a una compleja operación de protección de víctimas y persecución de un delito de odio continuado.
La localización de Carmen y su hijo no fue una tarea sencilla. Los agentes tardaron «casi 15 o 20 días en poder descubrirlos», un lapso de tiempo durante el cual la casa volvió a ser blanco de ataques. «Lanzaron ladrillos y acabaron de romper los cristales que quedaban después del incendio», relataron los agentes, evidenciando la persistencia y la impunidad con la que actuaban los acosadores. Este segundo ataque, en medio de la investigación inicial, reafirmó la urgencia y la peligrosidad de la situación, impulsando a los agentes a intensificar sus esfuerzos.
Cuando finalmente lograron contactar con Carmen y su hijo, la magnitud de su calvario se hizo evidente. Ambos les contaron que el acoso se había repetido durante años, que desconocían la identidad de sus agresores y, por ello, nunca habían presentado una denuncia formal. Este silencio, motivado por el miedo y la desesperanza, es una barrera común en casos de acoso prolongado y subraya la importancia de la proactividad policial para identificar y proteger a las víctimas que no pueden o no se atreven a denunciar.
- Incendio inicial: El punto de partida fue un incendio en una vivienda de Torres de la Alameda.
- Patrón de incidentes: Daños y registros previos indicaron un problema mayor.
- Historial de acoso: Se documentaron ataques similares desde 2008, revelando una década de sufrimiento.
- Dificultad de contacto: La familia, por miedo, fue difícil de localizar y no había denunciado previamente.
La Escalada de Violencia y la Recogida de Pruebas
Una vez establecido el contacto con Carmen y su hijo, y con el caso formalmente abierto, la unidad de la Guardia Civil propuso una estrategia de investigación innovadora y crucial: la instalación de medios ocultos de captación de imágenes. Esta medida, diseñada para documentar futuros ataques sin alertar a los agresores ni perturbar la normalidad del entorno, se llevó a cabo el 4 de julio de 2025. Las cámaras se colocaron estratégicamente a unos 50 metros del domicilio, garantizando la discreción necesaria para obtener pruebas irrefutables.
La decisión de instalar cámaras se reveló acertada de inmediato. Apenas tres días después, el 7 de julio, se produjo una nueva agresión. En los días posteriores, al menos tres ataques más tuvieron lugar, cada uno con una intensidad creciente que ponía de manifiesto la impunidad y la audacia de los acosadores. Esta escalada de violencia, lejos de intimidar a los investigadores, reforzó su determinación y la urgencia de su misión.
Las grabaciones obtenidas por las cámaras ocultas resultaron ser una evidencia devastadora de la crueldad a la que eran sometidos Carmen y su hijo. Las imágenes mostraban a dos individuos arrancando los cartones que cubrían las ventanas rotas de la vivienda, un acto que denotaba no solo vandalismo sino una clara intención de seguir hostigando. Lo más impactante fue la agresión directa: los vídeos registraron cómo arrojaban lejía sobre la madre y su hijo cuando estos abrían la puerta, un ataque que no solo era humillante sino extremadamente peligroso para su salud.
Además de la lejía, los agresores lanzaron botellas de cristal contra la vivienda y, presumiblemente, contra sus ocupantes. Estos actos de violencia no quedaron sin consecuencias físicas. Los partes médicos que se incorporaron a la causa judicial acreditaron lesiones oculares en la madre, Carmen, y heridas en la cabeza de su hijo. Estas pruebas médicas, respaldadas por las grabaciones, no solo confirmaron la veracidad de los ataques sino que también elevaron la gravedad de los cargos, pasando de simples daños a lesiones graves y un delito de odio con un componente de agresión física.
La documentación visual de los hechos fue, por tanto, un pilar fundamental en la construcción del caso. No solo proporcionó la prueba irrefutable de los ataques, sino que también capturó la identidad de los agresores, aunque en ese momento sus nombres aún no eran conocidos. Este material se convirtió en la base sobre la cual se construiría la fase más desafiante de la investigación: la identificación inequívoca de los responsables y su puesta a disposición judicial.
- Instalación de cámaras: El 4 de julio se colocaron cámaras ocultas para documentar ataques.
- Escalada de agresiones: Múltiples ataques, incluyendo el 7 de julio, con creciente intensidad.
- Actos de violencia: Lanzamiento de ladrillos, lejía y botellas de cristal contra la familia.
- Pruebas médicas: Partes médicos confirmaron lesiones oculares en la madre y heridas en la cabeza del hijo.
De las Imágenes a la Justicia: La Identificación y Detención
Con las grabaciones en mano, la investigación entró en su fase más crítica y compleja: la identificación de los agresores. Como bien relató el agente Diego, «Con las cámaras captamos los hechos delictivos, las agresiones. Pero el reto estuvo en el trabajo detrás de identificación operativa, en ponerle un apellido a las caras». Este proceso no fue meramente técnico, sino que exigió una combinación de habilidad investigadora, experiencia de campo y una meticulosa coordinación con las autoridades judiciales para transformar imágenes anónimas en identidades concretas.
El trabajo de identificación implicó incontables horas de visionado de las grabaciones, analizando cada detalle de los individuos, sus movimientos, vestimenta y cualquier rasgo distintivo que pudiera servir como pista. A esto se sumó un exhaustivo cruce de información con bases de datos policiales y un intenso trabajo de campo. Los agentes tuvieron que realizar comprobaciones en el terreno, hablar con vecinos, y recurrir a su conocimiento del municipio de Torres de la Alameda para asociar las caras captadas por las cámaras con personas reales, residentes en la localidad.
La reiteración de los ataques y la valoración de riesgo realizada por la unidad de la Guardia Civil fueron factores determinantes que llevaron a los agentes a solicitar al juez adelantar la intervención. Existía un temor fundado de que la escalada de violencia, que ya había causado lesiones significativas, pudiera poner en peligro la vida de las víctimas, especialmente en un momento de mayor exposición pública, como las fiestas locales que se avecinaban. La seguridad de Carmen y su hijo era la máxima prioridad, y la situación exigía una acción inmediata y contundente.
Los agentes explicaron la urgencia de la situación: «Se nos precipitó la detención porque vimos la intensidad y la gravedad de los hechos y que podían correr peligro incluso la vida». Esta decisión, tomada con el aval judicial, reflejó la profesionalidad y el compromiso de los guardias civiles en la protección de la vida humana. No podían permitirse esperar, sabiendo que cada día de retraso aumentaba el riesgo para las víctimas.
Finalmente, la operación culminó el 10 de julio por la tarde, con la detención de los dos jóvenes en Torres de la Alameda. Ambos, vecinos del municipio, fueron puestos a disposición judicial e investigados por múltiples cargos: lesiones, daños y, crucialmente, un delito de odio por aporofobia. Este último cargo resalta la naturaleza discriminatoria y cruel de sus acciones, dirigidas contra una familia en situación de vulnerabilidad. La detención no solo puso fin a un calvario de años, sino que envió un mensaje claro de que la intolerancia y el acoso no quedarán impunes en España. La labor de la Guardia Civil, al transformar el miedo en justicia, demostró una vez más su papel esencial en la salvaguarda de los derechos y la dignidad de todos los ciudadanos.
- Desafío de identificación: El principal reto fue nombrar a los individuos grabados por las cámaras.
- Trabajo meticuloso: Se realizaron visionados, cruce de datos y comprobaciones de campo.
- Riesgo inminente: La escalada de violencia y las fiestas locales precipitaron las detenciones.
- Detenciones y cargos: El 10 de julio se detuvo a dos jóvenes por lesiones, daños y delito de odio por aporofobia.
Preguntas Frecuentes
¿Por qué fueron condecorados los guardias civiles?
Los agentes José Diego de Alba González y Vanesa Fernández Gómez fueron galardonados con el Premio Servicios Humanitarios de la Guardia Civil por su investigación que puso fin a años de acoso y odio contra una madre y su hijo con discapacidad en Torres de la Alameda, culminando con la detención de los agresores y devolviendo la tranquilidad a la familia.
¿Quiénes son los agentes condecorados?
Los guardias civiles condecorados son José Diego de Alba González, de 44 años, y Vanesa Fernández Gómez, de 38 años. Su dedicación y profesionalismo fueron clave para resolver un caso complejo de acoso prolongado y delito de odio en la Comunidad de Madrid.
¿Dónde ocurrieron los hechos investigados?
Los hechos investigados, que motivaron la condecoración de los agentes, tuvieron lugar en el municipio de Torres de la Alameda, ubicado en la Comunidad de Madrid. Allí, una madre y su hijo con discapacidad fueron víctimas de acoso durante más de una década.
¿Desde cuándo sufría acoso la familia?
La familia, compuesta por una madre y su hijo con discapacidad, sufría acoso de manera prolongada desde el año 2008. Los agentes descubrieron un historial de ataques y hostigamiento que se había extendido por más de una década antes de su intervención en 2025.
¿Qué tipo de delito se imputó a los agresores?
Los dos jóvenes detenidos fueron investigados por lesiones, daños y un delito de odio por aporofobia. Este último cargo es significativo, ya que reconoce que los ataques estaban motivados por la aversión a la situación de vulnerabilidad o desfavorecimiento de las víctimas.
¿Por qué la familia no había denunciado el acoso antes?
La madre y su hijo no habían denunciado el acoso previamente porque desconocían quién estaba detrás de los ataques y vivían con un profundo miedo. La falta de identificación de los agresores y la duración del hostigamiento les llevó a una situación de desesperanza y silencio.
Conclusión
La historia de los guardias civiles José Diego de Alba González y Vanesa Fernández Gómez es un testimonio elocuente del compromiso de la Benemérita con la protección de los ciudadanos más vulnerables. Su investigación meticulosa y humana en Torres de la Alameda no solo puso fin a años de un cruel acoso por aporofobia contra una madre y su hijo con discapacidad, sino que también restauró la dignidad y la seguridad de una familia que vivía en el terror. El Premio Servicios Humanitarios de la Guardia Civil, aunque inesperado para los agentes, es un merecido reconocimiento a una labor que trasciende el deber, al poner la empatía y la perseverancia al servicio de la justicia.
Este caso subraya la importancia de la proactividad policial en la detección y resolución de delitos de odio, que a menudo permanecen ocultos debido al miedo de las víctimas. La capacidad de los agentes para reconstruir un historial de ataques desde 2008, utilizar tecnología de vigilancia y realizar un exhaustivo trabajo de identificación, demuestra la eficacia y la dedicación necesarias para combatir la intolerancia. La detención de los agresores por lesiones, daños y, crucialmente, por delito de odio por aporofobia, envía un mensaje claro a la sociedad: la discriminación y la violencia contra los más desfavorecidos no serán toleradas y serán perseguidas con todo el rigor de la ley. La tranquilidad devuelta a esta familia es el verdadero galardón y el mayor éxito de esta ejemplar operación.
Palabras clave: Guardia Civil, acoso, delito de odio, aporofobia, Torres de la Alameda